Además, la propuesta de Ocampo y Cachanosky contempla que el Estado aporte otros recursos al FEM, incluyendo los ingresos generados por la licitación del espectro 5G, que estiman entre US$ 1.500 y US$ 2.000 millones; el 20% de las retenciones a las exportaciones que serían depositadas directamente por los exportadores, y que en el primer año oscilarían entre US$ 1.500 y US$ 2.000 millones; la cartera de acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), cuyo valor estiman en US$ 4.000 millones; y la participación accionaria del Estado Nacional en YPF, valuada en US$ 4.000 millones. De este modo:
Se sumarían recursos por un total de entre US$ 10.000 y US$ 12.000 millones. Se sumarían recursos por un total de entre US$ 10.000 y US$ 12.000 millones.
Continuando con la propuesta presentada por los economistas, cabe destacar que la cartera de acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) alcanzó un valor de US$ 13.000 millones a finales de 2017, por lo que se estima que, con una dolarización en un plazo relativamente rápido, podría llegar a valer US$ 20.000 millones. Una vez que las acciones superen su nivel histórico máximo, el FEM las vendería en el mercado secundario para así cancelar dos tercios de la deuda heredada del BCRA. Según los economistas, este ejemplo ilustra una de las principales ventajas de su propuesta, ya que permite al Estado
Monetizar activos sin venderlos y retener el beneficio generado por sus propias políticas Monetizar activos sin venderlos y retener el beneficio generado por sus propias políticas
Otro aspecto relevante de la propuesta de los economistas es que, si bien se establecería que cada dólar que ingrese al FEM debe ser utilizado para repagar la deuda existente, el estatuto del fondo sería inmodificable. Sin embargo, los economistas señalan que, dado el historial de incumplimientos de la Argentina, sería necesario contar con el aval de un tercero creíble en forma de "credit enhancement". Al respecto dijeron: “Pensamos que el aval debería ser por el 30% de la deuda, es decir, US$ 9500 millones. Esta suma no debe ser desembolsada, sino que funcionaría como garantía en el caso de un default. En tal caso, un tenedor de US$ 100 de valor nominal de papel comercial del FEM recibiría US$ 30 del avalista. Los US$ 70 restantes quedarían respaldados por los activos en garantía”.
Los economistas también mencionaron que el aval necesario para respaldar la propuesta tendría que provenir de un organismo financiero supranacional. Si bien esto podría parecer improbable en la actualidad, los expertos consideran que podría ser posible si el gobierno electo contara con un fuerte respaldo popular y anunciara un programa integral de reformas estructurales junto con la implementación de la dolarización.
Por último, los economistas enfatizan que el FEM dejaría de existir una vez que se pagara completamente la deuda heredada del BCRA. En ese momento, el FEM tendría en su cartera cerca de US$ 80.000 millones en valor nominal de títulos públicos que se cancelarían automáticamente con las cuotas-partes del Estado Nacional en el fondo. Concluyendo que:
“En esencia, podríamos resumir nuestra propuesta de la siguiente manera: Como la Argentina no es un emisor creíble y no podrá acceder a los mercados internacionales de capitales hasta que la TIR de sus bonos globales caiga por debajo de 10%, hemos creado sintéticamente un emisor (algo) más creíble –el FEM– que podría acceder a esos mercados para cancelar la deuda que tiene el BCRA con el sistema bancario. La situación de la Argentina es extrema. No queremos minimizar el riesgo de ejecución de nuestra propuesta. Pero resulta obvio que, hasta ahora, ninguno de nuestros detractores ha presentado una propuesta superadora. Por ahora lo único que tienen para ofrecer son chicanas y burdas tergiversaciones. Aportes constructivos, no han hecho ninguno”.
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