La decisión de bajar los sobrecargos es una medida geopolítica destinada a facilitar el esfuerzo bélico de Ucrania contra la invasión de Rusia, que pretende expoliar sus recursos agropecuarios y energéticos. Joe Biden prometió a Volodimir Zelenski que haría todo lo posible para evitar que Vladimir Putin gane la guerra y, además de proveer armamento sofisticado e inteligencia a Kiev, resolvió apoyar la poda de los sobrecargos que cobra el FMI a determinados países deudores.
Pero al margen del peso propio de Ucrania para lograr el tratamiento de los sobrecargos, y la gestión iniciada por Martín Guzmán cuando era ministro de Economía, el gobierno de Javier Milei también empujó la propuesta en el G20 de Brasil y durante distintos cónclaves que sucedieron en Washington.
El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, mantuvo una sucesión de reuniones con ministros del G7 en San Pablo y Río de Janeiro, y aprovechó dos viajes consecutivos a DC para insistir con los sobrecargos frente a la directora gerente Kristalina Georgieva y el staff del FMI.
Argentina, que excedió su cuota con el préstamo de US$45.000 millones que tomó Mauricio Macri, junto a otras 21 naciones, entre las que se cuentan Ucrania, Egipto, Costa Rica, Ecuador, Pakistan, Jordania o Kenia, esperaban con ansias una decisión sobre el tema que fue puesto sobre la mesa en 2020 por el entonces ministro de Economía, Martín Guzmán.
En los últimos tres años, se estima que la Argentina pagó unos US$3.700 millones de sobrecargos mientras que, con esta decisión, el Gobierno estima un ahorro de unos US$400 millones anuales a futuro.
Según estipuló Guzmán, actualmente "Argentina es el país que más paga".
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