A modo de resumen digamos que una pesquera radicada en el país tiene obligación de
- desembarcar su captura en puertos argentinos,
- procesar el pescado en plantas radicadas en el país ( o en el mismo buque para el caso de los pesqueros factoria),
- pagar todo tipo de tributos nacionales, provinciales y municipales,
- sufrir retenciones conformo a la alícuota establecida para la actividad,
- percibir el producto de las exportaciones al cambio oficial,
- tener sus buques alineados con los requerimientos de la siempre exigente Prefectura Naval Argentina,
- a sus tripulantes y dependientes terrestres bajo convenio -conforme a las negociaciones con los gremios del sector- y
- 'disfrutar' del nulo incentivo oficial para renovar barcos y demás instalaciones.
Los 'equivalentes' competidores extranjeros patrocinados por 'Sturze', estarían liberados de tanta burocracia y penuria, pudiendo pescar 'a piaccere' una vez ganada la licitación y alzar sus redes y llevarse el pescado a donde mejor se les cante.
Aunque parezca increíble, aún en medio de una verdadera Espada de Damocles pendiendo sobre sus cabezas, muchas empresas alternaron febriles negociaciones mezcladas con campañas de alfabetización pesquera sin dejar de imponer algunas órdenes de construcción de nuevas unidades pesqueras en astilleros nacionales.
El día D
Si bien la ciclópea tarea llevada adelante por gremios empresas y algunos funcionarios -que sí la ven-, permitió dejar 'afuera' del proyecto de mega ley, la reforma pesquera, el ministro desregulador juró tomar venganza prometiendo aniquilar todo lo normado en la Ley Federal de Pesca Nº24.922.
La mencionada norma es la piedra angular del sistema nacional pesquero y la que crea el Consejo Federal Pesquero, ente responsable de asignar y revisar cada 15 años el reparto entre distintas empresas pesqueras de las cuotas de captura permisible para cada especie.
El cálculo se realiza analizando diferentes aspectos que van desde la cantidad de buques de cada empresa y el nivel de eficiencia en el cumplimiento de las capturas anteriores, hasta la existencia de sanciones y la cantidad de personal contratado (entre otras variables).
Superando todo tipo de presiones y sorteando incluso un aún no comprobado intento de pedido de coimas a cambio de adjudicaciones de cuota de pesca supuestamente de parte de funcionarios nacionales, el 05/09/2024 el CFP (Consejo Federal Pesquero) tomó el toro por los cuernos y decidió poner fin a la incertidumbre gremial y empresaria: por unanimidad de sus miembros promulgo el Acta Nº 15 mediante la cual se ratificaron todos y cada uno de los conceptos tenidos en cuenta por la ley vigente para adjudicar los distintos cupos de pesca entre las distintas empresas pesqueras.
Posteriormente el 08/02/2024, mediante un acta anexa, el CFP adjudicó a cada armador el tonelaje al que podrá hacerse acreedor para cada una de las especies sujetas a contralor por el organismo (algunas especies no requieren cupo).
Previsibilidad
Si bien la contundente decisión del CFP deja totalmente desdibujada la figura de Sturzenegger (o al menos marca un límite a su poder), los especialistas del sector sostienen enfáticamente que hubo un claro guiño desde lo más alto del poder político en el entendimiento de que -tal como bromean ahora en los muelles pesqueros- el ministro 'no pesca' cómo funciona el sistema'.
Los principales portales y revistas especializas reflejaron durante la jornada las muestras de beneplácito expresas en solicitadas o comunicados provenientes de cámaras tales como CAPECA, CaIPA, CAPEAR, CEPA la que con matices no hacen más que expresar gratitud infinita por una norma que solo les brinda algo básico para cualquier actividad humana: Previsibilidad.
Sturzenegger, mientras tanto, promete venganza, pero esta no será posible hasta Setiembre de 2039. Viva la Sensatez Carajo (VLSC).
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