USA desplegó una operación que terminó con la detención de Maduro y la de su esposa, Cilia Flores, y su traslado a Nueva York, donde los acusan de diferentes delitos vinculados al narcotráfico. La fiscal general de USA, Pam Bondi, enumeró los cargos: “conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra USA”. En un posteo en redes sociales, agregó que los venezolanos “enfrentarán la ira de la justicia estadounidense”, olvidando que las leyes y los procedimientos están para limitar las reacciones emocionales y arbitrarias de las autoridades.
En distintos mensajes, el gobierno argentino insistió en que con la salida de Maduro del poder se permita la asunción de Edmundo González Urrutia, quien fue el legítimo ganador de las últimas elecciones presidenciales en Venezuela, según se desprenden de las copias de las actas que su espacio político, liderado por la ahora premio Nobel de la Paz Marina Corina Machado, publicó en la noche del conteo y que demostraban una amplia ventaja sobre Maduro, quien sin embargo se proclamó vencedor y asumió un nuevo mandato sin haber mostrado la documentación que avalaba su supuesto triunfo.
Sin embargo, en una conferencia de prensa en Mar-a-Lago, Trump no sólo le bajó el precio a Machado (quién se quedó con el premio que él anhelaba por su intervención en el proceso de paz en Gaza) al asegurar que ella no gozaba de “respeto” entre los venezolanos, sino que anticipó que será USA el que gobernará el país caribeño hasta que estén dadas las condiciones para la transición, para lo que no puso ningún tipo de plazo. Por otro lado, el indisimulado interés que Trump mostró por la explotación petrolera en Venezuela abrió sospechas sobre la real vocación de la administración republicana para el restablecimiento del orden institucional del país.
Incluso Trump dejó abierta la posibilidad de que se le permita a la vicepresidente de Maduro, Delcy Rodríguez, ejercer como reemplazo “si hace lo que nosotros queremos”, además de que admitió conversaciones con ella. Rodríguez, que reclamó por la liberación de Maduro, quedó habilitada por parte del Supremo Tribunal de Justicia para asumir todas las atribuciones del Presidente.
Delcy y su hermano Jorge Rodríguez son señalados como el ala dialoguista del chavismo, en oposición a los halcones que lidera el ministro del Interior y Justicia Diosdado Cabello, un militar que fue mano derecha de Hugo Chávez. Un posible pacto entre Trump y los Rodríguez podría generar un malestar entre las bases de Machado y Urrutia, a pesar de que estos habían sido promotores de la intervención estadounidense. A esto se le suma la porción de la sociedad que rechaza la intervención. Todo configura un escenario impredecible.
La caída de Maduro coincide con la promesa de Milei de liderar un bloque de derecha regional “contra el socialismo”, que no es otra cosa que una ofrenda a Trump. La operación en Venezuela ya genera distintos alineamientos. El sector de Izquierda, que integran Lula da Silva (Brasil), Claudia Sheimbaum (México), Yamandú Orsi (Uruguay) y Gustavo Petro (Colombia) rechazaron la intervención. Por derecha, Milei, Rodrigo Paz (Bolivia), Santiago Peña (Paraguay) y el electo José Antonio Kast (Chile) celebraron la caída de Maduro.
Trump ya amenazó a Sheimbaum y Petro con alguna medida similar a la de Venezuela al señalarlos por la fuerte presencia del narcotráfico en sus países. El bloque que pretende liderar Milei podría funcionar como un factor de presión en favor de Washington.
Milei, por su parte, insinúa una profundización de su perfil autoritario a partir de la reforma por decreto del sistema de Inteligencia que incluye como medida alarmante facultar a los agentes de la SIDE para que puedan detener a supuestos sospechosos, además de darle carácter “encubierto” de las actividades de Inteligencia y ordenar que los organismos del Estado realicen tareas de “contrainteligencia”. La oposición denunció que la reforma ampliará la capacidad del Gobierno para espiar y perseguir a opositores y a cualquier voz disonante para la Casa Rosada, por ello buscan anular el DNU en el Congreso. Para intentarlo deberán esperar hasta febrero cuando Milei convoque a una prórroga de las sesiones extraordinarias.
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