A pesar de esas revelaciones, parece más que parsimoniosa la labor del fiscal Eduardo Taiano, quien tiene delegada la investigación del Criptogate para determinar la responsabilidad de Milei, Davis, Peh, el funcionario de la CNV Sergio Morales, Novelli y su socio Manuel Terrones Godoy, quien en su canal de streaming había anticipado que Donald Trump no iba a ser “el único presidente” en lanzar su propia criptomoneda, operación que vinculó con el financiamiento de la política. Taiano pidió informes a distintas dependencias del Estado y privadas, y solicitaría colaboración al exterior mediante un exhorto que debe autorizar la jueza de la causa, María Servini, quien rechazó reconocer como querellantes a 3 personas que se presentaron como damnificadas de la estafa. Servini argumentó que aún no puede calificarse el caso de fraude ni lo contrario.
La lentitud de Taiano, al le achacan que su hijo Federico sea funcionario de la jefatura de Gabinete, ya dispara sospechas sobre que está “planchando” la causa. Fue la denuncia de uno de los denunciantes, Gregorio Dalbón, un abogado cercano al kirchnerismo que pidió el secuestro de los celulares del Presidente, su hermana y el vocero Manuel Adorni. ¿Avanzará más rápido la investigación de las denuncias en USA y España, donde los Davis tienen residencia? Mucha menos fe, de todas formas, despierta la pesquisa encargada a una unidad especial del ministerio de Justicia, o sea, dentro del propio Gobierno, para recabar información sobre el tema y enviársela al fiscal. Quedó a cargo la jefa de Gabinete del ministro Mariano Cúneo Libarona, de quien Milei aseguró que iba a encabezar de su defensa hasta que Santiago Caputo interrumpió la entrevista de que le estaba haciendo Jonatan Viale, para presuntamente advertirle al Presidente de lo que estaba diciendo.
Las novedades en torno a la criptoestafa habrían empujado otras maniobras para cambiar de agenda, como la súbita preocupación del Gobierno por las posiciones monopólicas, que Milei defiende pero no si se trata del Grupo Clarín, que como accionista de Telecom se quedó con el negocio de Telefónica en el país, por lo que podría explotar hasta el 70% del mercado de las telecomunicaciones. Milei está enfrentado a Clarín, y teje teorías conspirativas alrededor de ello. Como la del caso del periodista Gonzalo Aziz, quien informó erróneamente en el canal TN que el Presidente no tendría un encuentro bilateral con Donald Trump en la cumbre de la CPAC del fin de semana pasado, lo que sí ocurrió. Detrás de esa gaffe, el Presidente vio una operación. “¿Es casualidad que esto ocurrió en el canal del Grupo que quiere comprar Telefónica y así tener el monopolio de las telcos?”, tuiteó antes de que se concretara la venta. Una vez oficializada la transacción, el Gobierno emitió un comunicado en el que advirtió que analizará si “no constituye la formación de un monopolio” creado a partir de lo que denominó “beneficios estatales”. Invocó el “marco regulatorio” como instrumento para el “control sobre las transferencias, cesiones y adquisiciones” del sector. Regulaciones y controles para evitar monopolios. Ni parece el gobierno de Milei.
Otro ardid distractivo, el de mayor gravedad institucional, fue la designación “en comisión” por decreto de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como jueces de la Corte Suprema. El criptoescándalo habría hecho volver sobre sus pasos al Presidente, que días antes hizo trascender que descartaba que el polémico juez federal fuera nombrado mediante esa resolución y que, por el contrario, se iba a insistir con el procedimiento en el Senado. Incluso, desde la Casa Rosada dejaron circular nombres de eventuales reemplazantes en caso de que su pliego no consiguiera los 2 tercios requeridos. Pero las nuevas revelaciones en torno a la estafa de $LIBRA habrían impulsado un giro. Lijo, cuyo pliego es el único que cuenta con dictamen de la comisión de Acuerdo de la Cámara Alta, y García-Mansilla fueron designados mediante la firma presidencial aprovechando el breve receso -de apenas unos días- entre el fin de las sesiones extraordinarias y el arranque del año legislativo, este 01/03. Milei tiene la facultad legal de completar los cargos que necesiten acuerdo durante la pausa parlamentaria, pero la particularidad en este caso es que ninguno de los pliegos fue votado en el recinto a casi un año de su envío al Senado. Lo que se le cuestiona a Milei es que forzó el nombramiento de 2 jueces que podrían nunca tener la convalidación constitucional requerida. Hasta Mauricio Macri, que quiso nombrar jueces de la Corte por decreto y tuvo que retroceder, impugnó el mecanismo, pero sobre todo que se insista con la postulación de Lijo, de quien aludió a su “alto rechazo”. El decreto fue llevado a la justicia y el peronismo amenaza con voltearlo en el recinto.
Pero la Corte convalidó las designaciones. Le tomó juramento a García-Mansilla pero supeditó el de Lijo a un análisis de la licencia extraordinaria que el juez solicitó y le otorgó la Cámara Federal. Lijo no se arriesga: al estar a tiro de decreto y sin el aval del Congreso, su estabilidad en el tribunal no tiene cimientos fuertes, por lo tanto no quiere renunciar a su juzgado y al final quedarse sin el pan y sin la torta. Ahora la Corte deberá determinar en la acordada de este jueves 06/03 si acepta esa condición u obliga a Lijo a renunciar a su despacho en Comodoro Py. Dicen que de tener optar, Lijo, que no asistió a la apertura de las sesiones ordinarias aunque fue invitado en calidad de juez de la Corte, preferiría declinar un puesto como supremo.
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Manuel García-Mansilla juró como juez de la Corte Suprema tras se designado "en comisión" por decreto de Javier Milei.
La polémica de la Corte Suprema llegó a llevarse todas las marcas alejando el foco del escándalo de $LIBRA. Pero esta dinámica se vio amenazada por la inminente publicación del New York Times. ¿Cómo evitarían en el Gobierno ese impacto? La respuesta fue el furioso tuit de Milei instando a Axel Kicillof a renunciar y proponiendo la intervención federal de la provincia como solución a la inseguridad. Todo tiene origen en el brutal crimen de la niña Kim Gómez, quien fue arrastrada por delincuentes con el auto que acaban de robarle a su madre. Kicillof denunció el uso político del caso y aprovechó para culpar a Milei por el recorte de recursos que se podrían destinar al combate al delito. Pero finalmente solicitó la ayuda del Gobierno Nacional. Esto se encontró con el rechazo rotundo de Milei sostenido en las diferencias de criterio con el gobernador para el abordaje de la cuestión. La bravata recogió el repudio de buena parte del arco político. Además de los gobernadores peronistas, y aliados como el santiagueño Gerardo Zamora, se sumaron Jorge Macri (aunque con críticas a Kicillof y en medio del silencio estruendoso del PRO) y el tucumano Osvaldo Jaldo, cercano a la Casa Rosada. El ataque de Milei logró además pausar las internas entre las facciones del peronismo. De Máximo Kirchner a Sergio Massa, hubo un abroquelamiento en defensa de Kicillof, que mandó a presentar una denuncia penal contra el Presidente por “la posible comisión de delitos contra el orden constitucional de la provincia”.
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El recinto del Congreso semivacío ante la ausencia del grueso del arco opositor durante el discurso de Milei ante la Asamblea Legislativa.
Clarín.com
Aún con todos los cruces y polémicas, la posibilidad de intervención tiene poco vuelo y expone su calidad de pirotecnia para salir del paso. En primer término, la renuncia de Kicillof no la dispararía, dado que se activarían en ese caso los mecanismos institucionales de sucesión. Tampoco existen los causales previstos en la Constitución por los que una provincia es plausible para una toma de control federal sobre su gobierno. Y si se trata de Milei, mucho menos cuenta con la mayoría necesaria para que el Congreso le habilite una intervención. El hemiciclo semivacío por la ausencia del grueso de la oposición como protesta contra el Presidente durante su discurso de apertura de las sesiones ordinarias pintan el cuadro de situación. Por algo Milei no se animó a pedir la renuncia de Kicillof (aunque le dio la opción de "correrse") ni proponer la intervención federal de su provincia ante lo que quedaba de la Asamblea Legislativa.
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