Arrinconado, el ministro de Economía tuvo que ceder al reclamo de los ‘mandriles’: recalibró el ajuste de las bandas de flotación cambiaria para que se actualicen por inflación (con 2 meses de rezago) y anticipó un plan para acumular hasta US$17 mil millones en las reservas. Era la señal que los inversores buscaban. El mero anuncio llevó al Riego País cerca de los 550 puntos, un número que no se veía desde enero de este año. Con ese cambio Caputo y Milei aceptan que durante el año no electoral la desinflación sea más lenta, aunque el Presidente pronostique desde los estudios del streaming Carajo que el IPC comenzará con cero a partir agosto de 2026. Lo hizo amparándose en un trabajo que citó y que estima “el rezago de la política monetaria” en 26 meses, y no entre 18 y 24, como había calculado inicialmente el equipo económico. Hay quienes dicen que cuando se estén por cumplir esos 26 meses, Milei encontrará algún otro paper que estire los plazos. Milei fue al programa del Gordo Dan enfundado en el mameluco de YPF que se volvió un atuendo habitual. A partir de ello surgieron algunas comparaciones que no resultarán amables al oído presidencial, como el parangón con Hugo Chávez, que en algún momento dejó el look de rasgos militares para vestir ropa deportiva con los colores de la bandera de Venezuela. Excentricidades populistas.
La necesidad tiene cara de hereje y el giro en la pata cambiaria del programa fue una muestra de ello. El anuncio logró cambiar las expectativas del mercado y dar un nuevo horizonte sobre el dólar cuando queda claro que Scott Bessent no “comprará más pesos” para sacar del apuro a Milei. En Washington esperan que el gobierno argentino encuentre la forma de refinanciar su deuda y no dependa sólo del swap de monedas que tanto costo político le trajo a Donald Trump. Tal vez haya sido uno de los mensajes que el embajador Peter Lamelas le llevó a Karina Milei, que lo recibió en estos días.
Pero la alerta más significativa para el Gobierno apareció en el aspecto político. En su debut como primera minoría en la Cámara de Diputados, LLA quedó a un paso de que naufragara la sesión en la que se iba a tratar el proyecto de Presupuesto. Cuando faltaban apenas 2 minutos para que se cumpliera el tiempo reglamentario, el bloque Unidos, que conforman los gobernadores de Provincias Unidas, a radicales díscolos, la Coalición Cívica y a Miguel Pichetto, apareció para dar quorum y salvar al oficialismo. Fue un llamado de atención sobre la vulnerabilidad que aún rodea a los libertarios y la necesidad de cultivar sus alianzas. Fue justamente lo que no hizo ni antes ni durante la sesión. En la comisión que dictaminó sobre el Presupuesto se incorporó sin aviso previo un artículo que derogaba las leyes de emergencia en Discapacidad y de financiamiento universitario, que resistieron el veto de Milei. Algunos aliados, como el gobernador Osvaldo Jaldo (Tucumán), ya anticipaban que votarían contra esas derogaciones a pesar de que el Gobierno lubricó esas relaciones con abundantes desembolsos de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Una vez en el recinto, el oficialismo buscó forzar la aprobación de las derogaciones primero reduciendo la votación en particular por capítulos y no por artículos; y luego incorporando al capítulo en cuestión (el N° 11) incisos sobre la coparticipación porteña y recursos destinados al Poder Judicial. No alcanzó.
El Presupuesto fue aprobado en Diputados con una mayoría escueta de 132 votos, pero el capítulo 11 cayó en su totalidad. Fue tal el golpe que la primera reacción del Gobierno fue hacer trascender que si el Presupuesto se aprobaba sin esas derogaciones, “no servía” porque no se cumpliría con el equilibrio fiscal, y por lo tanto lo iba a vetar. ¿Qué tipo de señal sería esa para los mercados cuando se intenta reestablecer la confianza? Un gobierno vetando su propia ley luce contrario a la racionalidad. No obstante, el ministro Caputo pareció descartar esa posibilidad cuando celebró en un tuit la media sanción. Además, el Senado dictaminó sobre esa misma aprobación sin cambios, aunque en el recinto se buscará matizar las leyes que cuestiona el Gobierno y darle de una vez por todas fin a un conflicto en el que se vio envuelto una y otra vez.
La sesión en el Senado está convocada para el viernes 26/12. Ese día el oficialismo pretendía votar su reforma laboral, con tratamiento exprés. Pero la sesión en Diputados desató una crisis tal que obligó a la Casa Rosada a postergar la votación hasta febrero para garantizarse los apoyos. Patricia Bullrich hizo el anuncio mientras la CGT se movilizaba a Plaza de Mayo contra la reforma. ¿Qué fue lo que cambió el escenario? Una ruptura con el PRO que se precipitó cuando de madrugada el oficialismo consumó un pacto con el peronismo para designar a los integrantes de Diputados en la Auditoría General de la Nación (AGN). La Casa Rosada retribuyó al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, con una de las 3 vacantes para lo que excluyó a su socio histórico. Fue Cristian Ritondo quien anticipó que iban a impugnar en la justicia la movida por llevarla a cabo durante el período extraordinario cuando sólo se pueden tratar proyectos del Poder Ejecutivo y la cuestión de la AGN no estaba en el temario. El PRO se retiró del recinto e hizo trascender sus condicionamientos para con sus aliados. Los radicales más cercanos a la Casa Rosada, Provincias Unidas y los ‘lilitos’ tampoco participaron de la votación. Esto dejó un mar de dudas respecto a próximas votaciones, lo que demandará muñeca política del Gobierno para recomponer vínculos y sortear los riesgos de la ‘comezón’ de su 3er año de mandato.
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