El jeque Shakbut no entendía de qué trataba el negocio.
Su hermano, Zayed bin Sultan Al Nahayan, consideró que la riqueza petrolífera tenía potencial suficiente como para transformar a Abu Dabi.
Entonces, la familia en el poder, los Al Nahayan, tomaron una decisión histórica: en consejo familiar decidieron desplazar al Jeque Shakhbut Bin-Sultan Al Nahyan y designar al Jeque Zayed nuevo gobernante del emirato. Es cierto que el golpe de palacio fue con participación británica. El 06/08/1966, el Jeque Zayed se convirtió en el nuevo mandatario, y llevó adelante una agresiva política de concesiones petrolíferas.
2 años después, en 1968, el Reino Unido anunció su retirada de la zona del Golfo a partir de 1971, y el Jeque Zayed se convirtió en el impulsor de la formación de la federación Emiratos Árabes Unidos, que son 7.
¿Le han contado la historia a Cristina? De alguna manera, el conflicto apareció en la película Black Gold, de Jean-Jacques Annaud que financió Qatar y que pasó casi desapercibida en la cartelera argentina cuando se ofreció, en abril de 2012, con el nombre de El Príncipe del Desierto. Muchos no entendieron de qué trataba.
Hay cuestiones más importantes que no le llegan a Cristina, quien antes de marcharse abrió el año electoral. Esa decisión provoca consecuencias. En fin, aquí algunos apuntes:
"Posicionar a Mauricio Macri, cabeza de la centroderecha, como “el enemigo” a vencer. Neutralizar dentro del peronismo a “enemigos” potenciales (Daniel Scioli) o declarados (José Manuel de la Sota). Buscar acordar, o en el peor de los casos, pactar no agresión, funcional a futuros acuerdos legislativos, con sectores de oposición identificados con la centroizquierda de la que se proclama líder, y que, aun con sus cuitas y con sus glorias, contradicciones y sobreactuaciones, ciertamente lidera desde hace una década.
Sobre estos supuestos basa su accionar el Gobierno nacional hacia las elecciones legislativas de octubre. Señales de esta estrategia las dio esta semana la presidenta Cristina Fernández, pero también su ministro de Planificación, el “pingüino” Julio De Vido. Que esto fructifique dependerá, como siempre, y al decir de Bill Clinton, de “la economía, estúpido”. (...)
Durante esta semana, Scioli recibió un cachetazo abierto de la Presidenta, por no declarar sus ahorros en dólares; y dos sordos: a propósito de su proclamada necesidad de consensuar, en el discurso por la llegada de la Fragata Libertad; y por su intento, rechazado, de fijar una tasa vial a los combustibles.
No es el mismo caso de De la Sota. El cordobés es el único gobernador peronista enfrentado al Gobierno, que juega abiertamente para candidato a 2015. Pero el enfrentamiento que sostuvo en 2012 por los fondos de la Caja de Jubilaciones y luego por el 15 por ciento de la coparticipación, hasta implementar la tasa vial, no parece ser fructífero. Los cordobeses prefieren que se atenga a la administración provincial, aun cuando refractan al kirchnerismo. El resto de los argentinos no se entusiasma con su precandidatura.
La Presidenta pareció haber tomado nota de esto. Como también del descontento por el desmedido aumento del transporte en Córdoba capital.
Sin mencionar a De la Sota y a Ramón Mestre (el rival es y debe ser Macri), les enrostró, como al porteño, los “ajustes de shock”. (...)".
"(...) Los porcentajes de percepción de imagen de la Presidenta que ofrece la consultora Management & Fit al 28 de diciembre, a partir de encuestas a 2.100 personas en todo el territorio nacional, son claros al respecto.
> En la Capital Federal, Cristina Kirchner tiene un 19,9% de imagen positiva y un 55,8% de negativa;
> en Córdoba, un 17% de positiva y un 52,5% de negativa, y
> en Santa Fe, un 21,4% de positiva y un 49,3% de negativa.
En la provincia de Buenos Aires, la Presidenta está algo mejor (33,8% de percepción favorable y 42,2% desfavorable), pero parece difícil que pueda prescindir de todo el aparato justicialista o darse el lujo de una división del oficialismo para obtener un triunfo con la comodidad necesaria.
¿Cuál será, entonces, la estrategia del kirchnerismo en el distrito bonaerense? Primero, tratará de dividir todo lo que se pueda al arco opositor. Después, intentará dejar sin jugadas a Scioli, forzándolo a acompañar la lista cristinista sin mayores condicionamientos.
La intención del mandatario de Buenos Aires es asegurarse la mayoría de los lugares en la nómina de legisladores provinciales para no sufrir contratiempos en los dos últimos años de su gestión. No se descarta que busque acordar con el kirchnerismo y, al mismo tiempo, negociar bancas provinciales con otros dirigentes que aspiren a ser candidatos a diputado nacional por otras fuerzas políticas, como Francisco de Narváez.
Claro que el escenario bonaerense no estaría completo sin el intendente de Tigre, Sergio Massa, quien curiosamente ostenta en la provincia, según Management & Fit, una imagen positiva del 43,4%, apenas 0,7 punto por arriba de Scioli.
El jefe comunal, que ha armado una estructura propia junto con 16 intendentes, es un aspirante natural a la gobernación en 2015, pero sabe que si se postulara a diputado nacional por fuera del PJ y ganase la elección podría estar para cosas mayores. Aún no tiene resuelto qué hará, aunque por el momento se descarta en su sector una convergencia con el cristinismo: "¿Alguien puede creer que la Presidenta se bancará nuestra autonomía?", afirman. (...)".
En tanto, en las provincias el gran tema es conseguir acuerdos salariales antes que comiencen las campañas proselitistas. Pero no será nada sencillo porque los reclamos sindicales, a causa de la inflación, y las restricciones financieras de los gobernadores y alcaldes, provocan una brecha considerable.
"(...) En el gobierno existe preocupación por el resultado de la nueva instancia de negociación con el gremio de los docentes pautada para el 17 de este mes. La ausencia de un acuerdo con ATEN (Asociación de Trabajadores de la Educación del Neuquén) es el cabo suelto de la gestión de Jorge Sapag en materia salarial y, de no avanzar hacia una solución, la Provincia se encamina hacia otro alterado inicio de ciclo lectivo.
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Para la semana que comienza se esperan algunos anuncios del gobierno referidos a trabajos de mantenimiento y refacciones en edificios escolares. Realizar esta tarea forma parte de la responsabilidad del Estado, pero en esta instancia también contribuirá a eliminar una de las quejas gremiales en la discusión por venir.
No sin conflicto, el gobierno pautó aumentos salariales con el resto de las organizaciones sindicales que representan a los diferentes sectores del Estado. Lo establecido en esas discusiones tiene vigencia para el primer semestre del año, pero algunos dirigentes de los que ya firmaron alertaron que si la inflación se dispara habrá que revisar los números antes de junio.
El planteo de ATEN pone en jaque el armado de la política salarial ya resuelta. La conducción quiere que el mismo aumento que las demás organizaciones sindicales aceptaron para el primer semestre de este año se instrumente en forma retroactiva a junio del 2012 y se negocie un nuevo porcentaje para el primer tramo del 2013.
Si el gobierno aceptara esas condiciones volverían a desfilar por los despachos oficiales, antes de lo previsto y sin escalada inflacionaria de por medio, los representantes del resto de las conducciones gremiales para obtener el mismo beneficio que los docentes.
Educación es un área socialmente sensible y cuando deja de funcionar traslada el malhumor con facilidad. Para el gobierno, en un año electoral como el que se transita no es un aspecto menor arrancar bien el ciclo escolar y garantizar el dictado de clases. Pero la resolución del conflicto en ciernes es esencialmente un tema de números, teniendo en cuenta la cantidad de empleados que concentra el área. Un punto más o uno menos en la negociación con ATEN tiene un gran impacto sobre la masa salarial de la Provincia, que para este año representa casi el 58% de los gastos previstos –que suman cerca de $ 13.000 millones–.
De 45.000 empleados de planta permanente y temporaria, sin contar a los trabajadores de los municipios, 20.605 están en Educación. Eso explica el peso del número y también significa que al gobierno de Jorge Sapag le falta firmar un acuerdo con un sector que involucra a casi la mitad de los trabajadores del Estado.
Fuentes oficiales reconocieron esta semana que la nueva instancia de negociación presenta una complejidad elevada, no sólo por el planteo sino porque los interlocutores del gremio pertenecen a los sectores internos de ATEN más intransigentes.
El gremio comenzó con una campaña de difusión de su reclamo con la intención de buscar "consenso" para la huelga anunciada en caso de no llegar a un arreglo. (...)".
Otra preocupación de los gobernadores y alcaldes es realizar los ajustes necesarios para asegurarse los recursos, acción que, sin embargo, ha criticado Cristina Fernández de Kirchner. Grotesco el intento de limitar el federalismo, exhibición del desconocimiento de la Presidente de la Nación ante la crisis que, en parte, ella misma ha provocado.
Para colmo, los gobernadores comprenden que los ajustes que realizan en enero, no serán definitivos. En verdad, la economía pareciera marchar, a causa de la inflación, a ajustes semestrales, tal como ya lo están reclamando algunos sindicatos frente a las convenciones colectivas de trabajo que comienzan.
"El gobernador Francisco Pérez volvió de sus vacaciones pensando en la forma más idónea de atravesar el año electoral, que tendrá más complicaciones desde el plano económico de las que él mismo quisiera. Es que, como es sabido, en estos tiempos, las complicaciones políticas consumen mucho esfuerzo y si a eso hay que añadirle el plano económico, no pinta un año tranquilo.
Los primeros anuncios del Gobernador fueron los incrementos en el precio de la luz y del boleto de colectivo. ¿Por qué tan rápido? Básicamente porque es preferible hacer estos anuncios ahora, no volver a desgastarse con ellos durante el año y si hay que hacer algún ajuste, esto vendrá después de las elecciones.
En el caso de la luz, hay que aclarar que estos aumentos son básicamente destinados a aumentar la retribución de las distribuidoras, que están en una situación caótica e incluso algunas no han podido pagar el último aumento salarial. Dada la presión de Oscar Lezcano, titular del gremio de Luz y Fuerza, desde el ministerio de Planificación liberaron a las provincias.
Por ahora, y por el mecanismo propuesto por el EPRE, se harían ajustes trimestrales cercanos al 5% y esto sería independiente de los aumentos que pudieran surgir desde la Nación por disminución parcial o total de subsidios. De todos modos. Una fórmula gradual anticipada le permite al gobierno presionar a las distribuidoras por mayores inversiones.
En el caso del boleto de colectivo, ya habíamos anticipado que era inevitable y la realidad que el error fue no haberlas adecuado durante el gobierno de Jaque, cuando Pérez era el ministro del área a cargo del tema.
Si bien el aumento fue justificado por las mejoras en el sistema y no por los mayores costos o la inflación (en Mendoza no existe), la verdad es que habían pedidos de las empresas por el aumento de los combustibles y otros gastos generales.
En el anuncio, el director de Transporte dejó entrever que no habría nuevos aumentos en el año, pero eso es imposible de sostener.
Cabe recordar que el gobierno nacional congeló el monto de subsidios al transporte público y dejó claro que cualquier aumento de costos deberá ser trasladado a precios o subsidiado por las provincias. La perspectiva es que los combustibles aumenten cerca de un 30% este año, pero lo más complejo serán las paritarias con los choferes.
El 65% de los subsidios actuales es para ayudar a pagar sueldos y un nuevo aumento salarial no tendría cobertura nacional y debería ir totalmente a la tarifa. De todos modos, es verdad que Mendoza tiene la tarifa más baja, pero eso es por los subsidios que paga el gobierno provincial. Pero no tiene techo para pagar una fiesta interminable. (...)".
De todos modos, no solo de pan vive el hombre... Por ejemplo, en Tucumán hay otros problemas para el gobernador genuflexo José Alperovich.
"(...) Los problemas de la gestión alperovichista no son precisamente de dinero, sino políticos. Esta semana la senadora Beatriz Rojkés recibió un efusivo abrazo que lo vio todo el país cuando Cristina Fernández terminó de dar su discurso a los pies de la fragata Libertad. Fue un alivio para el alperovichismo que, como no tiene señales ni interlocutores claros, espera gestos que oxigenen este presente.
En la Casa de Gobierno los intendentes y los comisionados rurales van y vienen; completan datos, papeles, llenan formularios y terminan las carpetas del plan "Más cerca", que los ayudará a realizar obras en este año electoral. Hay euforia en sus rostros y parece que estuvieran de fiesta en el Palacio. El principal inquilino se mantiene serio. José Alperovich ha perdido hace rato la sonrisa, aunque lo motiven algunos abrazos. Es que Cristina y Betty no son sus únicas preocupaciones: Susana Trimarco lo desvela.
El operativo "hay que cumplir con Trimarco" está en marcha, pero es muy frágil ya que depende de las decisiones que tomen en la Legislatura y en la mismísima Corte. La Nación le hizo saber a Alperovich que hay que castigar a los jueces; los legisladores tienen en sus manos una denuncia en contra de los que dictaron las 13 absoluciones y el Máximo Tribunal debe decidir sobre el fallo. No hay vacaciones en Tribunales; desde hace varios días estudian a fondo la sentencia de Alberto Piedrabuena, de Emilio Herrera Molina y de Eduardo Romero Lascano, pese a que aún nadie la apeló. Alperovich quiere que cuanto antes pase el huracán Trimarco. Algunos asesores suyos, por el contrario, consideran que la Corte debe tomarse el tiempo suficiente para resolver (llegado el caso) y que de ninguna manera debe ajustarse el eventual fallo al juicio político que se inició contra los magistrados que no hallaron culpables por la desaparición de "Marita".
De nuevo, nada se realiza con independencia. Los vocales de la Corte, ¿tienen la libertad de rechazar el hipotético planteo de casación y de decir que todo lo actuado está bien? Los legisladores, ¿pueden rechazar, porque no la encuentran justificada, la acusación de juicio político? El poder de la palabra de Susana Trimarco carcome la consciencia de esta mujer que ha conseguido cambiar leyes de acuerdo a la militancia por la causa de su hija "Marita". Sin embargo, en este caso no está ayudando a la libertad de acción de algunas instituciones.
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Alperovich, acostumbrado a manejarlo todo y a que se haga su voluntad, es sólo un espectro.
Los jueces, en tanto, se preparan para afrontar el temporal. Saben que apenas se desperece febrero el vendaval volverá a azotarlos.
Mientras el miedo, las dudas y las inseguridades se apoderan de habitantes de ambos palacios, en el edificio de la Legislatura siguen lamentándose que se haya descartado la reforma de la Constitución. Saben que perdieron esa oportunidad y que no siempre vuelve a pasar el tren que se dejó ir. No obstante, hay una opción que no puede obviar y es que en la Nación se produzca el cambio de la Carta Magna. (...)".
Problemas que van más allá del dinero también se viven en Santa Fe, en especial en su metropólis Rosario, bunker socialista.
"(...) Hasta no hace demasiado tiempo la pacificación social en diversos estratos se reducía a llevar eficientemente planes de asistencia para paliar mínimamente las carencias. El narcotráfico ha penetrado algunas de esas capas y el problema hoy es de otra índole.
Los soldaditos del narcotráfico no quieren ser contenidos por los punteros de la política, son los primeros esbirros de otra actividad punteril, vinculada a la delincuencia, cada más violenta. Pese a la grandilocuencia de los hechos y su repercusión mediática, el flagelo está a tiempo de ser detenido. Pero no queda mucho tiempo antes de que pueda convertirse en lo que algunos teóricos llaman “la favelización de Rosario”.
La salida de este laberinto ha sido sobrediagnosticada. Desde la oposición al Frente Progresista que gobierna la provincia se repite la crítica al Ejecutivo por no saber cómo controlar a la policía, primero cuando aparecieron los brotes del narcoescándalo que tuvo nada más ni nada menos que al jefe de la fuerza involucrado en la cuestión, y ahora por la falta de prevención y represión de los hechos que terminaron con la vida de una trabajadora social en barrio Ludueña e hirieron a militantes del Movimiento Evita en Nuevo Alberdi.
Desde la Casa Gris se repitió hasta el cansancio que ninguna solución definitiva podrá llegar sin la participación de las fuerzas nacionales de seguridad en la lucha contra el narcotráfico, máxime cuando la problemática se convierte en una sumatoria de intereses oscuros que amenaza enquistarse en instituciones clave.
Las dos lecturas son ciertas, llevan una lógica pulimentada y cargada de razones. Pero en el mientras tanto la violencia se extiende como una mancha de humedad, los vecinos de las zonas escaldadas por los narcotraficantes se sienten desamparados y la sensación general es que ya ni siquiera hay que esperar que alguien muera para saber que todo corre peligro.
La extensión en el tiempo del fenómeno —que tuvo su capítulo más estentóreo con el narcoescándalo— y la cercanía de un proceso electoral en el que se buscarán réditos políticos no permite acceder a un pronóstico favorable.
La acusación de “narcosocialismo” que vociferó desde su banca de diputado el dirigente de La Cámpora Andrés Cuervo Larroque habilitó una rencilla política que difícilmente sea tapada por una cuestión de Estado a la hora de que provincia y Nación trabajen codo a codo, justo en un año electoral. Ayer mismo, el dirigente Emilio Pérsico acusó que “Binner y Bonfatti le entregaron Rosario al narcotráfico”.
Bordea a todo el contexto una sensación de impunidad y ausencia de compromiso. Algunas resoluciones de la Justicia federal tampoco permiten ser optimistas en cuanto a sanciones ejemplares y ejemplarizadoras. Basta escuchar el relato de autoridades o de diputados santafesinos que siguen de cerca algunos casos para llegar a la conclusión de que cierto estamento judicial está regado de sospechas.
La balacera que recibieron los militantes en Nuevo Alberdi coincidió en el tiempo con la decisión del gobierno de Mónica Fein de acelerar el contacto cara a cara con los vecinos tratando de remontar la cuesta tras un 2012 poco pródigo para la gestión. “Decidimos que la intendenta profundice el cara a cara con los vecinos en todos los distritos y lo seguiremos haciendo. Se trata de avanzar en pequeñas cosas, de trabajar con las propias organizaciones de los barrios. Lamentablemente, quedó en segundo plano por lo que sucedió en Nuevo Alberdi”, dijo a La Capital un funcionario todoterreno del Palacio de los Leones. (...)".
