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Polémica por el futuro del Fondo Especial del Tabaco

Cesar Di Giano, presidente de la Unión Antitabaquica Argentina (UATA), habló de erradicar el cultivo de tabaco en la Argentina, y acusó a los productores de ser responsables por las muertes y gastos sanitarios generados por el tabaquismo, objetando la existencia del Fondo Especial del Tabaco que se aplica en Argentina. Al cruce la salió Esteban Amat, presidente de la Cámara del Tabaco de Salta, explicando que sería lesionar los intereses de una economía regional.

 

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). Cesar Di Giano, presidente de la Unión Antitabáquica Argentina (UATA), sostuvo que los productores tabacaleros pueden dedicarse a otra cosa, plantar soja, cebada o buscar otro cultivo alternativo.
 
Esteban Amat, presidente de la Cámara del Tabaco de Salta, explicó que el cultivo y la industria del tabaco representan una importante actividad en términos productivos, económicos y sociales para las distintas economías regionales. En particular para las provincias de Misiones, Salta, Jujuy, Chaco, Catamarca, Corrientes y Tucumán, en las cuales muchos departamentos y localidades dependen casi totalmente de la actividad tabacalera.
 
A su vez, en el encuentro "La Salud no se Negocia", organizado por la Fundación Interamericana del Corazón Argentina (FIC), Mariela Alderete, vicedirectora de la FIC, sostuvo que "hacen falta más medidas a nivel local como la reglamentación de la ley antitabaco, para que no queden huecos que pueden ser aprovechados por la industria tabacalera, para captar más fumadores, sobre todo entre el público adolescente. (...) Además, con el falso argumento de pérdidas económicas, se presiona para lograr salas exclusivas para fumadores, sobre todo en bingos y casinos, cuando está comprobado que con colocar purificadores de aire no se evita el daño".
 
Mónica Andreis, representante de la Alianza de Control de Tabaquismo de Brasil, explicó que "en Brasil la industria decía que la ley antitabáquica iba a generar desempleo y que afectaba la libertad de elegir del fumador de qué hacer con su vida. La realidad demostró que no es así, porque desde hace un año con la ley, la industria de Brasil sigue exportando, crece y el índice de fumadores bajó del 35% al 17%, lo que se traduce en una mejora de la sanidad y en la garantía a la población de ejercer libremente su derecho a la salud. Hay terrenos que debemos monitorear permanentemente como los portales de internet donde no hay tanto control y se filtran publicidades de tabaco que están prohibidas".
 
Pero el tema que quedó 'picando' fue el del cultivo del tabaco.
 
“Esta gente promueve iniciativas que dicen ir en favor de los objetivos de salud, pero en realidad enmascaran normas que terminarían con la producción de tabaco en las provincias del norte argentino. Quieren sumergir en la miseria a millones de familias”, explicó Amat.
 
“El tabaco es un cultivo que prospera en zonas donde otros cultivos no resultan viables o rentables. Habla de un total desconocimiento suponer que en cualquier terreno se puede dar un cultivo que genere los mismos niveles de ocupación y rentabilidad. Acá estamos hablando de miles de puestos de trabajo en el Norte argentino”. No podemos dar lugar a semejante incoherencia”, agregó Amat.
 
"Los legisladores nacionales que nosotros tenemos han tratado una ley de salud muy buena y que cuida la salud de los argentinos y cuida a la gente que vive de esta producción. Porque esta ley salud que hace que no se pueda fumar en ningún lugar cerrado, que los paquetes de cigarrillos vengan con las enfermedades en la parte de atrás, que todo lo que incluye, que no se le venda a los menores, todo esto que incluye. Trataron sobre todo de levantar el precio para desalentar el consumo", aclaró Amat.
 
"Los promotores son organizaciones no gubernamentales que carecen del conocimiento de lo que pasa en cada país. Y por eso es que ellos quieren que la Argentina se apruebe un tratado internacional de la Organización Mundial de la Salud, que si nosotros ratificaríamos este tratado internacional a libro cerrado tendría graves repercusiones. A esa ley le van agregando todos los años distintos artículos, y como en la Argentina los tratados internacionales tienen rango supra legal, o sea que van por arriba de la Constitución, la situación escaparía al legislador local", concluyó Amat.

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