En términos de mayoría de edad, el anteproyecto conserva la edad de 18 años. Y, aunque sean mayores, también sigue el sistema hoy vigente en cuanto a la denominada ‘obligación alimentaria’: los padres tienen el deber de cumplirla hasta los 21 años de sus hijos, estudien o no.
Así, hasta los 21 el hijo que reclama su derecho alimentario no tiene necesidad de probar nada. En el caso de que el padre quiera liberarse de su obligación, será él quien deba acreditar que el hijo mayor de edad puede mantenerse por sus propios medios. En cambio, según el anteproyecto, en el caso de los mayores entre 21 y 25 años, el hijo o el padre es el que debe probar que estudia o que se está formando y que no puede mantenerse independientemente.
En tiempos en que la adolescencia se vuelve cada vez más tardía y los hijos demoran mucho más en dejar el hogar, la legislación parece ponerse a tono con la realidad. ¿O es al revés? También es cierto que hay jóvenes que buscan independizarse más jóvenes, tener su propio departamento y lograr autonomía. Entonces la pregunta es: ¿no retrasa esa búsqueda esta ley? No genera una dependencia y 'comodidad', justo en plena edad en la que la energía está a tope, ideal para desplegar todo el potencial? Es cierto también que insertarse en el mundo laboral otorga un sinnúmero de beneficios.
Los CEO de empresas hablan de jóvenes sobrecapacitados -a los 25 años con un máster finalizado- pero nula experiencia laboral. Y eso opera en detrimento del desenvolvimiento de los junior en el campo laboral.
