La nueva comisión, que deberá funcionar dentro de la Comisión de Asuntos Constitucionales, estará integrada por 15 miembros designados en representación de los distintos bloques y entenderá en todo asunto relacionado con las facultades disciplinarias de la Cámara en los términos del artículo 66 de la Constitución Nacional y en los deberes de comportamiento ético de los diputados vinculados a las inobservancias de la Ley 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública.
Además, necesitará para funcionar de la mayoría absoluta de sus miembros, adoptará sus acuerdos con la mayoría de sus integrantes y se reunirá ante la convocatoria que realice el presidente de la Cámara o de la Comisión de Asuntos Constitucionales.
La facultad disciplinaria prevista por el artículo 66 de la Constitución Nacional, deberá por supuesto sustanciarse atendiendo a los principios de legalidad, debido proceso, defensa en juicio, presunción de inocencia y proporcionalidad o razonabilidad de la sanción, explicó la legisladora en un comunicado.
No es un caso aislado
"Lo que ocurrió ayer en el plenario de 5 comisiones entre la Diputada Nacional Silvana Giudici del PRO y el Diputado Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica, no es un caso aislado. Sino que se ha transformado en una práctica que muestra agresión y violencia verbal en lugar de discusión informada y tolerancia que es lo que la casa de las leyes debería transmitir a la ciudadanía", fundamentó Carrizo en el comunicado.
“No se representa (el proyecto) de cualquier modo porque, en democracia, la autoridad debe poder enseñar. Y no alcanza con ser honesto. Uno puede ser honesto y al mismo tiempo ser violento. Y la agresión verbal, como todos lo ven, existe en el Congreso Nacional. Lo increíble es que a 40 años de democracia no funcione en el Congreso Argentino, como sí funciona en otros países democráticos, una comisión de ética y disciplina que penalice distintas formas de agravios, ofensas y formas de maltrato entre diputadas y diputados y entre diputados y personal a cargo", explicó la diputada.
“Necesitamos urgente un espacio institucional que penalice el mal comportamiento porque hoy no existe esa estructura en la Cámara, y no hay un ámbito donde se puedan canalizar denuncias y fijar reglas, límites y sanciones”, alertó Carrizo.
El proyecto cuenta también con las firmas de los diputados Manuel Aguirre, Danya Tavela, Marcela Ántola, Mariela Coletta, Marcela Coli y Fernando Carbajal.
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