Según los fundamentos del proyecto, la intención es ampliar el universo de contribuyentes alcanzados y facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias mediante un esquema más simple y con mayores garantías jurídicas.
Inocencia fiscal II y cambios en los controles de ARCA
El texto también modifica las reglas bajo las cuales la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puede cuestionar una declaración jurada presentada bajo este régimen.
La propuesta redefine el concepto de "discrepancia significativa", estableciendo que solo podrá impugnarse una declaración cuando las diferencias superen determinados porcentajes y montos fijados por la normativa penal tributaria.
Además, incorpora un umbral mínimo para evitar que diferencias de escasa magnitud deriven en procedimientos considerados desproporcionados para contribuyentes que hayan actuado de buena fe.
Otro aspecto contemplado es que las rectificaciones realizadas dentro de un plazo determinado y con el correspondiente pago de las diferencias no serán consideradas para configurar esa discrepancia significativa.
Beneficios para quienes regularicen su situación
El proyecto también prevé que determinadas sanciones no se apliquen a quienes corrijan voluntariamente inconsistencias en sus declaraciones de Ganancias o IVA antes de adherirse al régimen simplificado.
Desde el oficialismo explican que esas modificaciones surgieron luego de reuniones mantenidas con especialistas tributarios y representantes del sector contable, quienes acercaron propuestas para mejorar la norma aprobada a fines del año pasado.
Nuevas multas para el trabajo rural
La iniciativa incorpora además un capítulo destinado a actualizar el régimen sancionatorio vinculado al Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE).
El nuevo esquema establece multas graduadas según la gravedad de cada infracción —leves, graves y muy graves—, con montos que irán desde los $120.000 hasta los $7,5 millones. A partir de 2027, esos valores se actualizarán automáticamente mediante el índice UVA.
La oposición ya presentó objeciones al proyecto de Milei
En paralelo al inicio del debate, la diputada nacional Mónica Frade, de la Coalición Cívica, envió cartas documento al presidente Javier Milei, al jefe de Gabinete, Diego Santilli, al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y a la vicepresidenta Victoria Villarruel.
En esos escritos solicitó que el oficialismo no avance con una eventual modificación que permita incluir como beneficiarios del régimen a funcionarios públicos y sus familiares.
Con el comienzo del tratamiento en comisión, el Gobierno pone en marcha una nueva negociación parlamentaria para intentar convertir en ley uno de los proyectos que considera clave dentro de su estrategia de normalización tributaria y de incorporación de fondos al circuito formal de la economía.
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