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Cortes y piquetes que el gobierno trata de eliminar
Foto: NA.
Qué sostuvieron Irurzun y Farah
Lo definido (por Casanello) constituyó emitir desde sede judicial una serie de declaraciones de alcance general, con la única finalidad de realizar ‘exhortaciones’ a otro poder del Estado”, refirieron Irurzun y Farah.
“Lo dispuesto contradice la noción de que ‘no compete a los jueces hacer declaraciones generales o abstractas, porque es de la esencia del Poder Judicial decidir colisiones efectivas de derechos’”, replicaron.
Disidente
En disidencia, el tercer juez de la Cámara, Roberto Boico, avaló lo resuelto por Casanello y consideró que la apelación presentada por el ministerio de Seguridad contra su decisión fue “mal concedida”.
“La razón es que no puede sustentarse plausiblemente la existencia de un gravamen, de esos que requieren los recursos, por la emisión de un acto judicial que sólo y exclusivamente ‘exhorta’ a la parte a cumplir con la Constitución Nacional y la ley”, opinó el magistrado disidente.
“Expresamente el Sr. Juez dijo que esa ‘exhortación’ la hace sin que medie declaración de invalidez respecto del acto gubernamental que fue puesto en crisis por los denunciantes”, subrayó Boico.
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