“Son dos proyectos los que nos permiten levantar el secreto fiscal y ampliar los sujetos que pueden hacerlo hoy como el Banco Central, los municipios y las provicias. Lo que se amplía es la posibilidad que el Banco Central tenga más facultades, y se agrega para que puedan pedir información los fiscales, jueces, la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Deuda Externa y el Jefe de Gabinete de Ministros”, completó.
Confiar en el Estado
Consultada sobre cómo se decidirá a quién se investigará, Di Tullio contestó: “Hay que confiar en el Estado. El Estado es el que va a investigar y las listas las brindan los bancos. Es fácil ubicar cuál fue el primer movimiento de capitales sin declarar en la Argentina, cuánto y quién. No vamos a buscar el paraíso fiscal, se le va a decir a esa persona que fugó que se puede allanar y pagar Bienes Personales o se inicia una investigación”.
“No hay plazo de tiempo para atrás para investigar [esas fugas], pero como máximo se puede investigar 20 años para atrás”, precisó.
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