Por otro lado, a once de los acusados se les atribuye el delito de encubrimiento ya que la Policía de Investigaciones secuestró en sus domicilios prendas y una moto que fueron utilizadas para el crimen del colectivo, el penúltimo ataque de una semana terrorífica.
No obstante, dentro de los apuntados, hay personas que no están sindicadas por atentados y muertes. Por caso, hay dos imputados por tenencia ilegítima de arma de fuego cuyo cotejo balístico dio negativo sobre los hechos investigados.
Por su parte, una mujer llegó a la audiencia porque le ofreció dinero a la Policía para que no secuestrara el teléfono de un familiar que sí podría estar vinculado con lo ocurrido.
Con respecto a la instigación, si bien los fiscales no vuelcan quiénes serían los presos que podrían haber estado detrás, se supone que son reclusos de cárceles federales y provinciales, aunque no está claro si actuaron de manera coordinada o si uno ordenó un atentado y otros se sumaron a hacer lo mismo con la finalidad de sembrar terror, o "narcoterrorismo", tal como lo definió la ministra de Seguridad Patricia Bullrich al momento de anunciar los refuerzos de operativos de seguridad.
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