Además del cobro de un arancel, el gobernador busca proteger las millonarias inversiones de los consorcios, gremios, sindicatos, municipios con "modelos portuarios privados" según explicó en julio pasado. Solamente el proyecto de Vaca Muerta Sur demandará una inversión de 2.500 millones de dólares.
Entre las voces a favor del proyecto sancionado en la sesión del martes, Luis Noale, de Juntos Somos Río Negro (JSRN), argumentó que la Ley de Puertos “se trata de un marco normativo moderno y robusto que permite integrar y potenciar el servicio portuario”.
El legislador agregó que "es una herramienta fundamental, que otorga diversidad y atención de las necesidades de los involucrados” y aseguró que "está en sintonía con lo que pasa en la actualidad en el Golfo San Matías, que posee cuatro puertos, y será la estructura más grande de América Latina, por donde saldrá el petróleo y el gas de Vaca Muerta”.
A su turno, Javier Acevedo, de la Coalición Cívica ARI-Cambiemos, celebró la iniciativa “en un área donde los marcos jurídicos son bastante escasos y merecen actualizarse”. Consideró que “responde a la demanda actual de diferentes sectores económicos” y subrayó que “nuestra posición geográfica nos posiciona como un punto clave”.
Por último, el legislador Facundo López (JSRN) afirmó que esta ley “forma parte del hilo conductor de un proyecto de provincia exportadora de energía, alimentos y minerales” e invitó a "que se sumen los privados, podrá haber dársenas privadas, pero el puerto será de la provincia”.
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