El diputado planteó que el objetivo es corregir una “precarización estructural” dentro del empleo público. Para reforzar su postura, citó al Papa Francisco:
“El trabajo no debería ser sólo una fuente de ingresos, sino un camino de dignidad y comunidad”.
El proyecto sumó apoyo de un amplio grupo de diputados opositores, entre ellos Hugo Yasky, Leandro Santoro, Carolina Gaillard, Mónica Macha y Santiago Cafiero.
El Gobierno marca límites: “La reforma laboral no incluye al sector público”
En paralelo, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, adelantó los lineamientos principales del proyecto laboral que el Ejecutivo enviará al Congreso y cuestionó con dureza la movilización convocada por ATE.
“¿Marchan contra una reforma que no conocen? Están protestando contra algo que ni siquiera fue presentado”, dijo en LN+, y remarcó que la iniciativa “se aplicará, en principio, sólo en el ámbito privado”.
Según Sturzenegger, el Gobierno busca despejar “la incertidumbre jurídica” que desalienta la contratación formal y actualizar convenios colectivos que llevan décadas sin cambios. El ministro ordenó la propuesta en tres ejes:
- Revisión de la industria del juicio y la registración laboral.
- Actualización o renegociación de convenios colectivos, aunque sin obligatoriedad.
- Cambios en la prelación de convenios, para habilitar acuerdos por región, sector o empresa.
Cuotas sindicales y costos: el debate que viene
El funcionario también cuestionó el costo asociado al sistema laboral argentino, donde —según describió— intervienen el Estado, los sindicatos, las cámaras empresarias y la litigiosidad. “Hay un carancheo sobre la relación laboral: todos cobran algo”, sostuvo.
Propuso discutir la cuota sindical como parte del “costo argentino” y aseguró que, si se reducen cargas y comisiones, “el trabajador podría llevarse más dinero en mano”.
Dos miradas que anticipan un choque legislativo
La diferencia entre ambas posturas es evidente: mientras Valdés pone el foco en la estabilidad y los derechos del empleo público, el Gobierno insiste en que su reforma apunta exclusivamente al sector privado y cuestiona las protestas anticipadas.
El Congreso tendrá el desafío de procesar dos debates simultáneos: el intento oficial de reconfigurar el mercado laboral y la presión opositora por avanzar en la regularización de miles de estatales contratados desde hace años.
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