El Sistema de Salud precisa de una Reforma. Pero la CGT e Idesa proponen parcharlo porque los intereses son muchos pero las obras sociales teclean.
El Programa Médico Obligatorio (PMO) en Argentina es una canasta básica de prestaciones de salud que obras sociales y prepagas deben garantizar obligatoriamente a sus afiliados.
Es llamativo que la mayoría de los chatbox de IA ubican el origen del PMO entre 2002 (Eduardo Duhalde) y 2003 (Néstor Kirchner) cuando la Ley 23.661 (Sistema Nacional de Seguro de Salud) ocurrió en enero de 1989, el último año de la Administración Raúl Alfonsín.
El texto estableció que el 80% de los recursos brutos de las obras sociales debían aplicarse a financiar la prestación de servicios de salud a sus beneficiarios.
Luego, el Decreto 9/1993 estableció que las prestaciones básicas serían determinadas por el entonces Ministerio de Salud y Acción Social.
Y el Decreto 576/1993 reglamentario del artículo 28, estableció que correspondería a la entonces Secretaría de Salud actualizar las prestaciones obligatorias previstas en el artículo 3ro. del decreto 9/93. Los agentes podrán pactar con sus afiliados las prestaciones adicionales sobre las obligatorias.
El Decreto 492/1995 determinó que los beneficiarios del Sistema Nacional del Seguro de Salud recibirían las prestaciones médicas asistenciales aprobadas por la Secretaría de Políticas de Salud y Regulación Sanitaria, programa denominado Programa Médico Obligatorio (PMO), obligatorio para todos los agentes identificados.
El PMO fue creado en 1996 (Resolución 247/96 en el Boletín Oficial del 29/5/1996.
La Ley 24.754 (B.O. 01/04/1997) extendió el PMO a las entidades de medicina prepaga.
Desde entonces se ha ampliado el PMO en forma períodica.
Fue importante la decisión de abril de 2002 (Resolución 201/2002) de Eduardo Duhalde para asegurar la cobertura sanitaria básica cuando ocurriera el cierre de empresas de salud. Curiosamente en 2026 parece repetirse una crisis semejante.
En aquel momento quedó vigente a fines de 2003, y la Resolución 1991/2005 identificó más prestaciones obligatorias.
Osvaldo Giordano conoce todo lo sucedido y por eso fue designado por Javier Milei al frente de la ANSeS (Administración Nacional de Seguridad Social), pero fue despedido a poco de andar el gobierno de La Libertad Avanza, quizás por inspiración de Luis Caputo con un argumento banal.
Durante las gestiones de José Manuel De la Sota como gobernador de la Provincia de Córdoba, Giordano fue presidente de la Caja de Jubilaciones de la Provincia (2007-2015) y realizó restricciones porque no podía financiar el sistema previsional. Esto siempre ha sido contradictorio: ¿es el recorte, que supone una transgresión del Estado a su compromiso con los trabajadores activos, la única posibilidad para asegurar el equilibrio fiscal?
Giordano cree que sí y por eso fue elegido por Milei, más allá de su despido tuvo que ver con otras cuestiones (financieras, quizás).
La jubilación en Córdoba (para los trabajadores del Estado provincial, municipios y organismos descentralizados) pasó del 82% del salario bruto del mejor haber recibido por el trabajador al momento de jubilarse al 82% del salario neto (o sea el 67% del bruto) del promedio de los recientes 10 años.
Fue de tal importancia para Córdoba, que Giordano fue ministro de Finanzas durante 2 Gobernaciones de Juan Schiaretti (2015-2019, 2019-2023).
Él fue cofundador del centro de estudios Idesa, que hoy día conduce Jorge Colina.
Ahora, vamos al texto actual de Idesa que propone reducir el PMO para permitirle mayor capacidad de financiación a las obras sociales.
Para Urgente24 el tema es más complejo porque, para empezar, la atención a la Discapacidad, a la drogadependencia (Sedronar) y a la salud mental (mencionadas por Idesa) cuentan con un servicio eficiente. O sea que lo que propone Idesa es, en los hechos, que el Estado se desentienda del tema en nombre del equilibrio de las cuentas previsionales / asistenciales.
Esto amerita un debate importante que la Administración Javier Milei, dominada por Federico Sturzenegger, es incapaz de dar con la seriedad que el tema merece.
Luego, la situación de la medicina prepaga no es equivalente, aparentemente, a las obras sociales. Al menos hay empresas de medicina prepaga tal como Swiss Medical cuya rentabilidad le permite a sus socios principales, entre quienes destaca Claudio Belocopitt, diversificar sus negocios personales.
Es ridículo supone que recortando el PMO se resuelve el problema de la atención sanitaria de la Argentina, que es lo que hay que abordar alguna vez.
Vamos ahora al texto de Idesa:
"El sistema de obras sociales nacionales, conformado por las obras sociales sindicales y de personal de dirección, basa su financiamiento en el aporte obligatorio de los trabajadores.
A mediados de la década de los ‘90 se relajó el principio de afiliación cautiva a la obra social de actividad permitiendo a los afiliados elegir su obra social. Esto dio pie al ingreso de las empresas de medicina prepaga. La instrumentación era a través de convenios con obras sociales para que éstas, a cambio de una comisión, deriven a la prepaga el aporte obligatorio.
En el 2025 se puso fin a la “derivación de aportes” incorporando a las empresas de medicina prepaga al sistema a competir en forma directa con las obras sociales. Se eliminó la intermediación de las obras sociales derivadoras y las personas ahora pasan a ser afiliadas directas de las prepagas. Como consecuencia de ello el sistema quedó conformado con 290 obras sociales que aglutinan el 64% de la recaudación y 50 empresas de medicina prepaga con el 36% restante. Se trata de un cambio importante pero puntual que no resuelve los problemas financieros más serios que viene acumulando el sistema.
En este marco, los principales directivos de la CGT, en su carácter de administradores de las obras sociales sindicales, emitieron un “Informe de Situación de Obras Sociales” donde alertan sobre la presencia de una crisis sistémica que trasciende la incorporación de las prepagas a la seguridad social. En este documento la CGT señala que:
Estos datos muestran que en el sistema de obras sociales y prepagas los recursos disponibles están lejos de cubrir los costos de las obligaciones estipuladas en el PMO. Las dimensiones del desfinanciamiento se agigantan cuando se computan unos 2 millones de monotributistas que también fueron integrados al sistema pero que en su mayoría aportan apenas $22.000 por mes. Es decir, la mayoría de los afiliados aportan por debajo del costo del PMO.
El PMO fue creado por una resolución ministerial en 1996 como un listado de prestaciones médicas básicas. Pero sucesivas leyes lo fueron ampliando e incorporando prestaciones no médicas, como los servicios sociales a la discapacidad, a las adicciones y a la salud mental.
Asimismo, como el listado no es taxativo sino abierto se entiende que toda nueva innovación en medicina (como los medicamentos biológicos) están implícitamente incluidos en el PMO. Un hecho notable es la ampliación del PMO vía amparos judiciales. Se estima que actualmente hay 1 amparo por cada 1.000 afiliados y la tendencia es creciente.
La base para comenzar a recomponer el sistema es restablecer la consistencia entre las prestaciones que se obliga al sistema a proveer y el financiamiento que se dispone. Para ello es imprescindible, por un lado, ordenar el PMO.
Los servicios sociales para la discapacidad, adicciones, salud mental, geriatría deben ser financiados y gestionados por el Estado a través de sus órganos competentes como la Secretaría Nacional de Discapacidad (ex-ANDIS), Sedronar y la Dirección Nacional de Salud Mental.
Las innovaciones en medicina deben ser incorporadas, en la medida que sean costo-efectivas, por la Comisión Nacional de Evaluación de Tecnologías (CONETEC).
En otras palabras, volver a la idea original del PMO como un conjunto de prestaciones médicas básicas y convencionales. En paralelo, es fundamental mejorar el financiamiento del 67% de los afiliados que están por debajo de la cápita promedio. Esto es posible utilizando el 100% del Fondo Solidario de Redistribución (FSR) para elevar los aportes per cápita de las familias de menores ingresos, en lugar de destinarlo a subsidios que la propia CGT reconoce que se asignan con criterios arbitrarios.
El sistema de obras sociales y prepagas sufre las consecuencias de una doble demagogia. La primera es la de incorporar, vía leyes y sentencias judiciales, prestaciones al PMO sin contemplar su financiamiento. La otra es incorporar a la cobertura a gente con aportes muy limitados, como es el caso de los monotributistas. Para salir de esta profunda crisis es imprescindible que las promesas se alineen con el financiamiento disponible."
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