Otro testimonio da cuenta de una situación similar en un campo de casi 3.000 hectáreas. El productor explicó que, tras tomar posesión legal del terreno junto a un escribano, comenzó una escalada de conflictos. “Primero fue una ocupación, después vinieron más”, relató. Al intentar recuperar el predio mediante una orden judicial, se encontró con una escena que, según dijo, evidenció la falta de respaldo institucional: “El oficial de Justicia llegó y terminó compartiendo mate con los ocupantes. Ahí nos dijeron que nos olvidáramos del campo”.
Pablo Toviggino no para de sumar escándalos
Los denunciantes, que contaron su problemática en el canal de noticias TN, sostienen que las ocupaciones no serían hechos aislados, sino parte de una estructura organizada. Describen la participación de grupos armados, algunos vinculados a barras bravas o a personas privadas de la libertad, que se instalan en los campos y permanecen allí durante meses. A cambio, reciben alojamiento, alimentos y, en algunos casos, una parte de la explotación del terreno.
“Destruyen todo: alambrados, casas, ganado. Después alquilan el campo y con eso financian nuevas tomas”, explicó uno de los productores.
En otro de los casos relatados, la presión habría derivado en una negociación forzada. El damnificado aseguró que, pese a acreditar la titularidad del campo, recibió un ultimátum: conservar una parte de la tierra o perderla por completo. “Nos dijeron que si no cedíamos, nos sacaban todo”, afirmó. Tiempo después, descubrió la existencia de un juicio iniciado supuestamente en su nombre, con firmas que desconoce. “Nunca firmé nada. Es una causa armada”, denunció.
Todos los testimonios coinciden en un punto central: la imposibilidad de obtener respuestas de la Justicia provincial. “Tenés la escritura, pagaste impuestos, hiciste todo como corresponde y aun así quedás afuera”, resumió uno de los afectados, que asegura haber agotado todas las instancias legales sin éxito.
Las denuncias reavivan el debate sobre la inseguridad jurídica en zonas rurales de Santiago del Estero y el avance de presuntas redes de usurpación que, según los productores, operan con impunidad. Mientras tanto, los damnificados reclaman intervención judicial y garantías para recuperar tierras que aseguran haber adquirido de manera legal y legítima.
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