La funcionaria también anticipó que el Gobierno trabajará para que la carátula de la causa refleje lo que, a su entender, fue una violación grave a la ley.
“Hubo usurpación, roturas, privación ilegítima de la libertad y delitos que deben tener una respuesta firme. No vamos a tolerar más agresiones a las fuerzas de seguridad ni tomas encubiertas bajo consignas simbólicas”, remarcó.
Grabois se defiende y apunta al Gobierno
Luego de recuperar la libertad, Grabois se manifestó desafiante y negó las acusaciones en su contra. Desde la puerta de la sede de la Superintendencia Federal de Investigaciones, donde estuvo detenido, sostuvo que no hubo violencia ni delitos. “No existe una imputación específica. Fue una permanencia pacífica en defensa de la memoria histórica. Decir que hubo policías secuestrados por estudiantes es un disparate”, dijo.
El dirigente cargó además contra la gestión de Javier Milei, a la que acusó de querer borrar el legado del peronismo. “Lo que buscan es vender una propiedad con un enorme valor simbólico para nuestra historia. Es un intento de borrar a Evita y a Perón de la memoria colectiva”, denunció.
Grabois no escatimó en críticas personales ni en referencias místicas. “Este gobierno va a caer porque hay gente valiente que no se calla. Cuando yo me muera, voy a ir con Dios; ellos, a otro lado”, lanzó, con su habitual tono combativo.
El episodio suma tensión a la ya frágil relación entre el oficialismo y los movimientos sociales ligados al kirchnerismo. Para el Gobierno, lo ocurrido no puede minimizarse como una protesta simbólica. Para Grabois, en cambio, se trató de una manifestación legítima ante lo que considera una ofensiva contra los derechos sociales y la historia del peronismo.
Mientras la Justicia define los próximos pasos en la investigación, la escena deja en evidencia dos visiones irreconciliables sobre el conflicto político y el uso del espacio público. Lo que sí es claro es que el Instituto Perón seguirá cerrado por decreto.
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