En esa planificación aparece primero una reforma política. El Gobierno busca endurecer los controles sobre el financiamiento de los partidos y avanzar con la eliminación de las PASO. También evalúa introducir un cambio en la Boleta Única de Papel: un casillero que permita votar la lista completa de un partido con una sola marca.
A esto se suma el paquete tributario, una de las apuestas centrales del oficialismo. El objetivo es modificar el sistema impositivo para simplificar tributos y reducir cargas, en línea con el programa económico del Ejecutivo.
El Congreso también deberá tratar modificaciones a la Ley de Glaciares, la redacción final del nuevo Código Penal —que aún no fue presentado en su totalidad— y proyectos derivados del Pacto de Mayo. Entre ellos, un compromiso de estabilidad fiscal y monetaria y la denominada Ley de Libertad Educativa.
La Corte, una negociación política
La decisión de postergar el debate judicial no implica abandonar el tema. En el Gobierno admiten que el nombramiento de jueces del máximo tribunal requerirá acuerdos políticos complejos, especialmente en el Senado.
Por eso, la estrategia oficial consiste en avanzar primero en reformas donde cree tener más margen de negociación y dejar la discusión por la Corte para una etapa posterior. La Libertad Avanza, además, sigue de cerca los movimientos del kirchnerismo, que tendrá un rol decisivo en cualquier acuerdo para cubrir los cargos.
Así, mientras la estructura judicial permanece incompleta, la Casa Rosada apuesta a modificar primero las reglas del sistema político y económico. La lógica del oficialismo es clara: consolidar cambios estructurales en el Congreso antes de abrir una negociación de alto costo político como la integración del máximo tribunal.
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