Adicciones como parte del sistema
El proyecto incorpora de manera explícita las adicciones dentro de las políticas de salud mental. Establece que el consumo problemático -de sustancias legales o ilegales- debe ser abordado como parte de este campo y con un enfoque individualizado.
El tratamiento deberá contemplar la singularidad de cada persona y el momento del consumo, con garantía de derechos en el acceso a los servicios de salud.
Centralidad de la psiquiatría y equipos interdisciplinarios
Uno de los ejes más relevantes es el cambio en la composición y funcionamiento de los equipos de salud mental. La iniciativa dispone que la atención debe estar a cargo de equipos interdisciplinarios, pero establece como requisito la presencia obligatoria de un médico psiquiatra.
A su vez, refuerza el peso de la evaluación médica en decisiones clave como diagnósticos, tratamientos e internaciones, lo que implica una modificación del equilibrio entre disciplinas que establecía la ley vigente.
Medicación y criterios terapéuticos
El proyecto introduce precisiones sobre el uso de medicación. Señala que solo debe administrarse con fines terapéuticos, en función de las necesidades del paciente, y prohíbe su utilización como castigo o por conveniencia de terceros.
Además, establece que la prescripción no puede ser automática y debe estar basada en evaluaciones profesionales periódicas.
Internación como recurso excepcional, pero con nuevos criterios
Uno de los puntos más sensibles de la reforma es la redefinición del régimen de internaciones.
El proyecto mantiene que la internación debe ser un recurso terapéutico excepcional, aplicable solo cuando no existan alternativas menos restrictivas. Sin embargo, introduce cambios en las condiciones que habilitan su aplicación.
En particular, reemplaza el concepto de “riesgo cierto e inminente” por el de “situación de riesgo grave de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros”. Según el texto, esto busca evitar interpretaciones restrictivas que puedan impedir la intervención en situaciones críticas.
También se incorpora un criterio “situacional”, que permite considerar antecedentes o conductas previas, y no solo el estado del paciente al momento de la evaluación.
Procedimiento y requisitos para internaciones
La iniciativa detalla con mayor precisión los requisitos para las internaciones voluntarias e involuntarias.
Entre los puntos principales:
- La internación debe ser evaluada por al menos dos profesionales, uno de ellos psiquiatra
- Debe existir un diagnóstico interdisciplinario y justificación clínica
- Se requiere consentimiento informado, salvo en casos involuntarios
- Las internaciones deben notificarse a la Justicia en plazos breves
- En situaciones excepcionales, se permite que un solo médico disponga la internación, con obligación de revisión por un equipo interdisciplinario dentro de las 24 horas.
Intervención judicial y plazos
El proyecto refuerza el control judicial sobre las internaciones involuntarias. El juez deberá expedirse en un plazo de tres días para autorizar, requerir información adicional o rechazar la medida.
También se establece que la internación debe durar el menor tiempo posible y que el alta queda en manos del equipo de salud, sin necesidad de autorización judicial, aunque con obligación de informar en determinados casos.
Asimismo, se habilita la posibilidad de medidas de seguimiento posteriores al alta, con intervención judicial, por un plazo limitado.
Ampliación de establecimientos y red de atención
Otro cambio relevante es la ampliación de los lugares habilitados para la atención en salud mental.
El proyecto establece que las internaciones pueden realizarse en hospitales generales, hospitales especializados y otras instituciones con internación en psiquiatría, tanto públicas como privadas.
Además, exige que estos establecimientos cuenten con dispositivos ambulatorios orientados a la inclusión comunitaria.
Inclusión social y políticas públicas
La iniciativa promueve el desarrollo de políticas de inclusión social, laboral y comunitaria para personas con trastornos de salud mental, en articulación con áreas como educación, trabajo y desarrollo social.
También prevé la creación de registros, programas de prevención y mecanismos de participación de usuarios y familiares en el sistema.
Cambios en el Código Civil y consentimiento informado
El proyecto modifica artículos del Código Civil y Comercial para adecuarlos a los nuevos criterios.
Se establecen condiciones más precisas para las internaciones sin consentimiento, se refuerza el control judicial y se detallan los requisitos del consentimiento informado, incluyendo el derecho del paciente a rechazar tratamientos en determinadas situaciones.
También se regulan los casos en los que terceros pueden prestar consentimiento cuando el paciente no puede hacerlo.
Control, supervisión y Órgano de Revisión
La reforma redefine el rol del Órgano de Revisión, que tendrá carácter multidisciplinario y funciones de supervisión sobre las condiciones de internación y el respeto de los derechos de los pacientes.
Asimismo, establece que las inspecciones en instituciones deberán ser realizadas por equipos interdisciplinarios que incluyan obligatoriamente a un psiquiatra.
El proyecto abre una discusión de fondo sobre el modelo de salud mental en la Argentina.
Por un lado, el Gobierno plantea que los cambios permitirán mayor capacidad de intervención ante situaciones de riesgo y una mejor organización del sistema. Por otro, la iniciativa introduce modificaciones que pueden generar debate en torno al equilibrio entre derechos individuales, criterios médicos y rol del Estado.
El texto ya ingresó al Congreso y su tratamiento anticipa un debate técnico y político que atravesará tanto al oficialismo como a la oposición.
El proyecto completo a continuación:
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