Entre las ideas que circulan aparecen alternativas como revisar alícuotas o rediseñar esquemas de recaudación compartida. Sin embargo, propuestas más ambiciosas —como una baja significativa del IVA o su división entre Nación y provincias— hoy son consideradas fiscalmente inviables.
“Hay medidas atractivas en términos teóricos, pero no ejecutables en este contexto”, reconocen en despachos oficiales.
El rol del Consejo de Mayo
El debate también se vincula con los lineamientos surgidos del Consejo de Mayo, que planteó la necesidad de reducir la presión impositiva pero condicionando cualquier alivio a la consolidación del equilibrio fiscal y a un entendimiento federal que incluya tributos provinciales como Ingresos Brutos.
Ese punto es clave. Desde Nación insisten en que no habrá margen para bajar impuestos nacionales si provincias y municipios no revisan sus propias estructuras tributarias.
Tensiones internas y negociación política con los gobernadores
Dentro del oficialismo hubo diferencias sobre cómo encarar la negociación con los gobernadores. Algunos funcionarios admiten que en la discusión anterior quedaron en desventaja y que la eliminación del artículo de Ganancias fue más una concesión forzada que el resultado de un acuerdo planificado.
Ahora, la intención sería anticiparse al conflicto y convocar a los mandatarios provinciales para un trabajo técnico previo que permita consensuar los cambios antes de enviarlos al Congreso.
Un debate que puede extenderse
En la Casa Rosada no descartan que la discusión tributaria se extienda durante buena parte de 2026 e incluso que las reformas de mayor alcance queden postergadas para 2027. El cálculo político es claro: sin estabilidad fiscal consolidada y sin un acuerdo federal amplio, cualquier reforma estructural podría naufragar en el Congreso.
Por ahora, el mensaje oficial es prudente. La prioridad inmediata es sostener el equilibrio de las cuentas públicas y cerrar el capítulo legislativo abierto con la reforma laboral. La reforma tributaria, en cambio, parece depender menos de los tiempos del Ejecutivo y más de la disposición de los gobernadores a sentarse a negociar.
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