Además, el matutino sostiene que “miembros del equipo de asesores judiciales de Alberto Fernández están de acuerdo con el sentido de la modificación”, sin embargo, citando el artículo en Twitter, el Presidente electo negó haber sido consultado sobre esa medida y la tildó de fake news: “Solo para no dejar pasar una noticia falsa. Nunca fuimos consultados por semejante tema. Por lo tanto, muy lejos estamos de avalarlo. Ya es hora de dejar de desinformar. Lo digo por el bien de todos”.
Además, Clarín precisó que Macri dilató durante una semana la firma del decreto porque “se privilegió el diálogo”, según citó el diario de fuentes del ministerio de Justicia.
Pero el tema no habría estado nunca en las negociaciones de la supuesta transición y Macri sólo esperaba el mejor contexto para emitir el decreto, lo que ocurriría en las próximas horas en medio de la crisis en Bolivia y una sesión en el Congreso argentino para repudiar lo que algunos denominan como un ‘golpe de Estado’ en el vecino país.
La decisión de decretar el cambio de jurisdicción para el programa de testigos protegidos fue a partir del pedido de varios imputados colaboradores que declararon en causas de corrupción que involucran a exfuncionarios kirchneristas, como José López, Oscar Centeno, Leonardo Fariña, Alejandro Vandenbroele y Laura Muñoz.
Tanto en la Casación como en la Corte Suprema la mayoría de los jueces se mostraron disconformes con la medida, según el diario La Nación. Las principales objeciones eran que se trata de una estructura demasiado grande de la que deberán hacerse responsables, sin tener el control de las fuerzas de seguridad, que dependen del Poder Ejecutivo.
Incluso, algunos magistrados del máximo tribunal penal del país sostuvieron además que ellos deberían evaluar los dichos de los arrepentidos para determinar su continuidad en el sistema y que eso podría chocar con la obligación de tenerlos bajo su cuidado.
Entre los argumentos que sostienen la determinación, según fuentes de la Casa Rosada, se destaca que desde la sanción de la ley del arrepentido el programa incorporó testigos que brindaron información en procesos judiciales vinculados a delitos que se habrían cometido en el ejercicio de la función pública en el Poder Ejecutivo.
Eso, según la mirada de la administración macrista, "podría generar la incongruencia de que el diseño de los planes de seguridad respecto de los testigos e imputados sometidos al cuidado del sistema se encuentre a cargo de aquellos que dependan jerárquica y funcionalmente de personas involucradas en dichas investigaciones judiciales".
Macri también dispuso –según el matutino- que se transfieran "los recursos necesarios para atender el cumplimiento del programa", que serán incluidos en el presupuesto general para la administración nacional que administra el Consejo de la Magistratura, que además recibirá la totalidad de los bienes, activos y patrimonio afectados al programa, que a partir de ahora será liderado por un director que deberá nombrar la Cámara de Casación Penal.
