La designación fue rechazada por el interbloque Juntos por el Cambio y el interbloque Parlamentario Federal, mientras que el oficialismo sumó el respaldo para su aprobación de los aliados Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro) y Magdalena Solari Quintana (Misiones), según publicó Semanario Parlamentario.
"El único empeño del oficialismo es acomodar la Justicia en búsqueda de la impunidad de sus imputados. Le agregan un condimento que es elegir a un juez militante en un juzgado electoral", se quejó el salteño opositor José Luis Romero.
El salteño citó que Ramos Padilla tuvo ocho denuncias en el Consejo de la Magistratura “de las cuales ya fueron cerradas muchas de ellas y tres están aún en trámite”. Antes de anticipar su voto en contra indicó que “parece que tiene capacidad porque le va bien en los concursos pero no tiene idoneidad”.
Por su parte, el oficialista Jorge Taiana se encargó de defenderlo. "Fue víctima de una campaña mediática y política de desprestigio. No se recuerda su afiliación previa en la UCR. Fue el mejor calificado en el concurso que realizó el Consejo de la Magistratura durante gobierno anterior".
Sobre su designación, que destacó como producto de un concurso, subrayó con énfasis que “lo que se está haciendo es un acto de estricta justicia y un desagravio ante tantas falsedades. Es un juez valiente, es un juez que conoce, tuvo que soportar que el presidente en ejercicio dijera que había que sacarlo”. Sin mencionarlo por su nombre, apuntó a Mauricio Macri que, dijo, “amenazó a un juez de la República”.
"Ramos Padilla tuvo un excelente examen, para muchos de la oposición que les gusta reivindicar la 'meritocracia'. El mejor lugar para cubrir ese juzgado lo obtuvo este magistrado en concurso de oposición y antecedentes", cerró el también oficialista Mario Pais.
Al inicio de la sesión se avalaron 15 pliegos judiciales, pero el más discutido fue el Ramos Padilla, quien hasta hoy era juez de Dolores y desde ese lugar avanzó en la causa por el espionaje ilegal en la que está procesado el falso abogado Marcelo D’Alessio y el fiscal federal Carlos Stornelli.
Su pliego recibió 58 objeciones de sectores opositores, entre ellas, la del bloque de la Coalición Cívica que lidera Elisa Carrió, quien señaló su falta de experiencia en temas electorales y consideró que el traslado "era una devolución de favores" por su actuación en el caso D'Alessio.
Juntos por el Cambio votó en contra de su pliego porque lo considera un "juez militante" del kirchnerismo. Para el resto de los postulantes, el interbloque opositor dio "libertad de acción", aunque en general acompañó a todos.
