Todo apuntaría a una ley hecha a la medida de solo dos actores, pero veamos la letra de la normativa que propone el Poder Ejecutivo y que ya ingresó a la Cámara baja con la firma del jefe de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero; y el ministro de Economía, Martín Guzmán.
Allí se propone un cambio en el tratamiento impositivo de las vacunas que se fabriquen en la Argentina. En el caso específico de las vacunas Sputnik V, una modificación en los procedimientos de contratación de vacunas que, hasta el presente, eran de Estado a Estado, sin intermediarios.
Qué dice el artículo clave del proyecto de Ley
ARTÍCULO 1°.- Exímese del Impuesto al Valor Agregado, durante el plazo de la Emergencia Sanitaria Nacional, a la venta de vacunas y descartables que tengan por objeto asegurar las coberturas de vacunas para generar inmunidad adquirida contra la COVID-19, cuando el adquirente sea el Estado Nacional, las Provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los Municipios, u organismos centralizados o descentralizados de su dependencia, o cualquier otro sujeto constituido o que se constituya en la órbita de aquellos, a esos fines.
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El polémico proyecto de ley del Gobierno nacional y las sospechas sobre Hugo Sigman y la Sputnik V
Los sujetos que efectúen las ventas de los bienes exentos a los que se refiere el párrafo precedente podrán acceder por estas operaciones al tratamiento previsto en el artículo 43 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones.
Los argumentos del Gobierno
En sus fundamentos, el Gobierno nacional recuerda que la Ley N° 27.573, modificada por el Decreto N° 431 del 2 de julio de 2021, declaró de interés público “la investigación, el desarrollo, la fabricación y la adquisición de las vacunas” contra el COVID-19, con el objetivo de brindar a la población el acceso a los inoculantes.
En ese orden, también recuerda el Gobierno nacional que, a través de su artículo 6°, se eximió del pago de derechos de importación “y de todo otro impuesto, gravamen, contribución, tasa o arancel aduanero o portuario, de cualquier naturaleza u origen, incluido el Impuesto al Valor Agregado”, a las vacunas y descartables importados por el Ministerio de Salud, por su cuenta y orden.
Y tras el repaso de la normativa vigente, comienza a defender el cambio en las reglas de juego, apelando a la “situación crítica a nivel mundial en relación con la producción de vacunas” que “condiciona el acceso oportuno y suficiente”, por lo cual “se torna indispensable ampliar las opciones de proveedores, u obtención de insumos”.
“En consecuencia, se considera imperativo establecer una exención impositiva similar a la otorgada por el artículo 6° de la Ley N° 27.573 y sus modificaciones, respecto de las vacunas importadas desde otros países, para aquellas que puedan producirse en el territorio nacional”, prosigue el argumento oficial.
E invita “a las Provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los Municipios a establecer exenciones similares a la aquí proyectada, respecto de los tributos que pudieren corresponder en sus respectivas jurisdicciones”.
Según Télam, la intención es comenzar en las próximas semanas a debatir el proyecto en la comisión de Presupuesto y Hacienda que conduce el diputado del Frente de Todos Carlos Heller.
Los intermediarios
La cuestión de los intermediarios había aparecido en escena en el comienzo de las negociaciones con Rusia, por la irrupción como promotores del acuerdo los actuales propietarios de HLB Pharma, que tenían como rostro visible a Ariel García Furfaro.
Hay que señalar que Hernán López Bernabó (HLB) mantiene una demanda judicial contra quienes, aparentemente, le quitaron la empresa.
La controversia provocada por la irrupción de intermediarios provocó, casi a regañadientes por parte de algunos funcionarios, la decisión de autorizar solamente acuerdos de Estado a Estado. Del lado ruso aparecieron RDIF y Human Vaccine, y del argentino directamente el Estado Nacional. La denuncia sobre el riesgo de modificar este esquema e introducir intermediarios la realizó la asesora presidencial Cecilia Nicolini en un texto enviado al RDIF que provocó una intensa polémica en la Argentina. Según ella, sería un escándalo. Pero ahora aparece en forma de proyecto de ley del Ejecutivo Nacional, aparentemente.
