Tras la insistencia parlamentaria que dejó sin margen al veto presidencial, el Gobierno había intentado frenar la implementación mediante el Decreto 681/2025, condicionando su vigencia a la inclusión de partidas específicas en el presupuesto. Esa decisión fue la que motivó la acción judicial.
El pedido de los damnificados a la Justicia
En la demanda, los padres que impulsaron el amparo advirtieron que la demora en la aplicación de la ley profundizaba una crisis estructural del sistema de discapacidad y dejaba a miles de personas sin cobertura efectiva. Señalaron, además, que el decreto presidencial colocaba a familias, instituciones y profesionales en una situación límite, al interrumpir tratamientos y servicios imprescindibles.
Desde el Ministerio de Salud, en cambio, defendieron la postura oficial. Argumentaron que ejecutar la norma sin financiamiento explícito podría afectar la sustentabilidad fiscal y obligar a recortar otros programas prioritarios. También sostuvieron que el Jefe de Gabinete carece de facultades para reasignar partidas destinadas a una ley cuya aplicación, según el Ejecutivo, aún no estaba plenamente habilitada.
El juez rechazó esos planteos. En su resolución, consideró que el decreto es incompatible con la Constitución Nacional, al interferir con el mandato de promulgación de una ley sancionada por el Congreso. También subrayó que el propio Parlamento había habilitado mecanismos de reasignación presupuestaria y recordó que el Gobierno realizó numerosas modificaciones de partidas desde diciembre de 2023.
“Nada impide que se utilicen las herramientas legales vigentes para financiar esta ley, tal como se hizo en otros casos”, sostuvo González Charvay, quien alertó sobre el riesgo de un uso discrecional de los recursos públicos que termine afectando derechos fundamentales.
La sentencia puso especial énfasis en la urgencia social de la norma, destacando el impacto directo en niños, adultos mayores y personas en situación de extrema vulnerabilidad.
Ahora, con la apelación en curso, la definición quedó en manos de la Cámara Federal de San Martín. Mientras tanto, la orden judicial continúa vigente y el conflicto abre un nuevo frente de tensión entre el Gobierno, la Justicia y el Congreso, en un contexto donde las políticas de ajuste chocan de lleno con demandas sociales críticas.
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