De todos modos, es probable que Caputo no responda ninguna pregunta; mucho menos su equipo económico, y que este proyecto sea uno más de la pila de pedidos de informe que reposan en el Congreso en torno a la política económica y dirigidos puntualmente al flamante ministro.
Advertencia a Luis Caputo sobre la soberanía del BCRA
En los fundamentos, Strada y los firmantes advirtieron que el convenio “supone una injerencia indebida en decisiones soberanas de la Argentina” y que, por su naturaleza, “debió pasar por la aprobación del Congreso Nacional”, en línea con los artículos 75, incisos 1, 2, 4, 7 y 8 de la Constitución.
Los legisladores también cuestionaron el impacto institucional del acuerdo: “Afecta la independencia del Banco Central”, sostienen, al recordar que la Carta Orgánica del organismo prohíbe comprometer obligaciones o condicionamientos externos sin aval legislativo.
El texto cita además las declaraciones del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, quien en septiembre había anticipado un “programa financiero integral para la Argentina” que incluiría compra de bonos, un crédito stand-by, un swap y cambios en la política tributaria.
El ministro Caputo bajo la lupa
El pedido de informes también apunta a declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, quien reconoció que el swap podría usarse para garantizar el pago de bonos en enero y julio. Para los diputados, esa afirmación “confirma que el acuerdo ya tiene prevista una activación próxima”, algo que debería haber sido discutido públicamente.
Por eso, el bloque de Unión por la Patria exige que el BCRA detalle si prevé utilizar los fondos del swap, bajo qué condiciones y con qué destino final.
“El Congreso no puede mirar para otro lado”
El texto concluye con una advertencia política: “El Congreso debe reafirmar sus atribuciones constitucionales y exigir transparencia sobre un acuerdo que compromete la política monetaria del país”, señalaron los autores.
Mientras tanto, desde el Banco Central evitaron pronunciarse públicamente sobre el pedido, aunque fuentes cercanas al organismo aseguran que el convenio “es parte de una estrategia de respaldo internacional y no implica cesión de soberanía”.
El tema promete abrir un nuevo frente de tensión entre el oficialismo y la oposición, justo en la recta final antes de las elecciones legislativas.
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