Además, deja en claro un punto clave:
“La interposición de cualquier recurso y su eventual concesión no suspenderán en ningún caso su aplicación”
Esto significa que la restricción operaría desde el momento de la condena, sin esperar una confirmación definitiva.
Ficha Limpia: Qué delitos impedirían ser candidato
El proyecto establece un listado amplio y taxativo de delitos que inhabilitan para competir por cargos públicos. Incluye:
- Delitos contra la administración pública (corrupción, malversación, etc.)
- Delitos económicos y financieros
- Delitos graves contra las personas (como homicidio)
- Delitos contra la integridad sexual
- Delitos contra la libertad (incluida la trata de personas)
- Delitos contra la propiedad en casos agravados
- Delitos contra el orden constitucional y los poderes públicos
La lógica del proyecto es clara: no se limita a hechos de corrupción, sino que abarca conductas consideradas incompatibles con el ejercicio de la función pública .
Control previo obligatorio para todos los candidatos
Uno de los cambios más concretos es la exigencia de presentar el Certificado de Antecedentes Penales al momento de inscribir candidaturas.
Los partidos políticos deberán incluir ese documento tanto en las elecciones primarias como en las generales. Si no lo hacen, tendrán un plazo de 24 horas para corregirlo o reemplazar al candidato.
En caso de incumplimiento, la sanción es directa: la lista puede quedar fuera de competencia por estar incompleta .
Impacto incluso después de las elecciones
El control no termina con la votación. El proyecto también contempla qué ocurre si se detectan antecedentes una vez finalizado el proceso electoral.
En ese caso, la situación deberá ser informada inmediatamente a la Cámara Legislativa correspondiente, lo que abre la puerta a posibles impugnaciones posteriores .
Ficha Limpia también para funcionarios
Otro de los puntos centrales es que la iniciativa no se limita a los candidatos.
El proyecto extiende el criterio de “ficha limpia” a toda la función pública, incorporándolo a la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública.
De esta forma, cualquier persona con condena por los delitos mencionados quedaría inhabilitada para ejercer cargos, incluso si no fue electa sino designada.
“Incurren en causal de idoneidad para el ejercicio de la función pública” quienes tengan condenas en esos términos
Más controles patrimoniales y administrativos
La iniciativa también refuerza los controles sobre los funcionarios en ejercicio:
- Obliga a presentar certificado de antecedentes junto con la declaración jurada patrimonial al asumir
- Exige actualizar esa información durante la gestión
- Establece un plazo de 90 días para que quienes ya están en funciones cumplan con el requisito
- Además, incorpora estas condenas al Registro Nacional de Reincidencia, fortaleciendo el sistema de control estatal .
El punto más polémico: condenas no firmes
El aspecto más discutido del proyecto es la aplicación de la inhabilitación a condenas que aún pueden ser apeladas.
Los autores sostienen que esto no viola la presunción de inocencia, sino que responde a criterios de idoneidad y ética pública.
En los fundamentos, remarcan que:
“La idoneidad comprende también la integridad ética y el compromiso con los valores de la democracia constitucional”
Y agregan que los derechos políticos pueden ser regulados mediante requisitos razonables, citando antecedentes internacionales.
El modelo Mendoza y su aplicación concreta
El proyecto toma como referencia la experiencia de Mendoza, donde una ley similar rige desde 2020.
Según se detalla en los fundamentos:
- En las PASO de 2021, unas 12 personas fueron observadas sobre un total de 2.600 candidaturas
- Todas fueron reemplazadas dentro de los plazos legales
- No hubo impugnaciones judiciales exitosas contra la norma
Además, el control se integró al proceso electoral como una verificación más, al mismo nivel que otros requisitos como la paridad de género .
Un cambio de criterio en la política
La iniciativa plantea un giro en el concepto de idoneidad para la función pública, incorporando estándares éticos más estrictos.
Según el texto, no se trata solo de evitar casos de corrupción, sino de impedir que personas con antecedentes graves puedan ocupar cargos de representación. Con este enfoque, el proyecto busca cerrar una discusión que lleva años en la agenda política argentina: quiénes están en condiciones de ejercer el poder.
El proyecto completo a continuación:
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