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Marina Mercante: La desregulación del cabotaje marítimo; consecuencias estructurales y asimetrías globales

¿Qué impacto fiscal, laboral y geopolítico tendría para la Marina Mercante Argentina la apertura del cabotaje a flotas extranjeras ante la Jones Act de USA?

El debate en torno a la potencial apertura del cabotaje marítimo y fluvial argentino a operadores extranjeros plantea una encrucijada estructural de largo plazo que trasciende la esfera comercial. Un documento de la Marina Mercante alerta e ilustra técnica y científicamente sobre impacto múltiple post desregulación.

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Detallado documento expedido por la Marina Mercante advierte sobre seguridad, soberanía, estabilidad laboral y matriz geopolítica, todo ello en juego en la mesa política de la desidia

La evaluación del marco normativo vigente —sustentado en la Ley N.° 20.094 y el Decreto-Ley N.º 19.492/72— revela que la reserva de bandera en el territorio nacional responde a fundamentos estratégicos idénticos a los que inspiraron la histórica Jones Act norteamericana de 1920.

En términos de geografía política, la República Argentina ejerce el control sobre las rutas de acceso al estrecho de Magallanes y al pasaje de Drake. Estos corredores constituyen las únicas alternativas naturales interoceánicas de calado pleno en el Hemisferio Sur ante eventuales cierres, saturaciones o conflictos logísticos en los canales de Panamá o Suez. Por lo tanto, las alteraciones en el régimen de navegación interior impactan directamente sobre la resiliencia industrial y la defensa nacional.

Arbitraje regulatorio y asimetría fiscal

La introducción de flotas internacionales bajo banderas de conveniencia (como las de Islas Marshall, Panamá, Liberia o Bahamas) alteraría el equilibrio competitivo debido a un marcado arbitraje fiscal. Las empresas armadoras nacionales operan bajo un régimen tributario estricto, mientras que los operadores extranjeros se amparan en convenios de doble imposición o en la condición de no-residencia.

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El diferencial de costos operativos derivado de la estructura impositiva puede superar el 40%, configurando un escenario de competencia asimétrica

  • Impuesto a las Ganancias: Las empresas locales tributan entre el 21% y el 35% sobre utilidades netas, frente al 0% de los operadores extranjeros amparados en la no-residencia.
  • Contribuciones Patronales: Los armadores argentinos afrontan un 26,4% sobre la nómina embarcada con matrícula nacional, mientras que las flotas extranjeras registran un 0% al emplear tripulaciones internacionales.
  • Impuesto al Valor Agregado (IVA): El operador local asume el 21% o la categoría de Responsable Inscripto en servicios territoriales, mientras que el transporte extranjero queda exento o no alcanzado.
  • Tasas y Fondos Especiales: Los buques nacionales sostienen de forma obligatoria los aportes al Fondo Nacional de la Marina Mercante (FNA/FONTAR) y las tasas de la Prefectura Naval Argentina (PNA), conceptos que resultan no aplicables o potencialmente eludibles para el pabellón internacional.

Este desbalance financiero proyecta un horizonte de vulnerabilidad para las empresas locales, cuyo flujo de caja operativo se vería drásticamente deteriorado, replicando la contracción de la flota de cabotaje experimentada durante la década de 1991-2001.

El impacto en el empleo calificado y la cadena industrial

La sustitución de la marina mercante nacional por operadores de bajos costos laborales (provenientes de naciones como Filipinas, Indonesia, India o Myanmar) conlleva un efecto multiplicador negativo sobre la economía portuaria.

En el ámbito laboral e industrial, las implicancias se estructuran en los siguientes ejes:

  • Destrucción de empleo matriculado: Se desplazaría a oficiales, suboficiales y marineros inscriptos ante la PNA, afectando la densidad sindical de entidades como el SOMU y SICONARA.
  • Desfinanciamiento previsional: La pérdida de puestos directos suprime los aportes al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y desfinancia la Caja de Jubilaciones Especiales de la Marina Mercante.
  • Erosión del tejido indirecto: Cada puesto de trabajo directo en el sector naviero genera de 3 a 5 empleos indirectos en talleres navales, logística, seguros y agencias marítimas de ciudades portuarias clave como Buenos Aires, Rosario, Bahía Blanca, Mar del Plata y Ushuaia.
  • Parálisis de la industria naval: Los astilleros locales —entre ellos TANDANOR, RIOPAL, SADE, SPI, Contessi y COSIDENA— perderían la demanda cautiva de contratos de reparación y construcción, lo que comprometería las capacidades tecnológicas del país y la formación académica en Ingeniería Naval.

Dimensión geopolítica: Control soberano e infraestructura crítica

Desde la perspectiva de la seguridad nacional, la apertura irrestricta del cabotaje actúa como un vector de penetración para potencias extranjeras en aguas interiores y estratégicas.

El análisis resalta que la presencia de buques comerciales vinculados a corporaciones estatales externas —un fenómeno análogo al caso del buque Jin Zhou Wan de la firma COSCO Shipping— introduce riesgos de inteligencia industrial y mapeo hidrográfico en los ríos Paraná, Paraguay y Uruguay.

Asimismo, la dependencia de fletes dolarizados internacionales para el transporte de recursos estratégicos, como los hidrocarburos procedentes de Vaca Muerta, resta autonomía al Estado ante escenarios de volatilidad internacional o sanciones.

En el plano diplomático, el desmantelamiento de la bandera nacional en el cabotaje del Atlántico Sur debilita de manera objetiva y simbólica la postura soberana de la Argentina respecto al reclamo de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.

Riesgo en la Seguridad Marítima

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El ingreso masivo de múltiples pabellones de conveniencia incrementa la presión operativa sobre la Prefectura Naval Argentina. Esto complejiza la fiscalización del estado de navegabilidad de los buques, dificulta la aplicación del Convenio MARPOL sobre prevención de la contaminación ambiental en ríos interiores y eleva las vulnerabilidades en los controles antinarcóticos y de contrabando.

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