La decisión de la Corte tiene una particularidad importante: los jueces no se pronunciaron sobre la constitucionalidad de la decisión de Milei de derogar la ley mediante un DNU.
El tribunal consideró que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), que había iniciado la demanda, no tenía legitimación para promover esa acción colectiva y, por esa razón procesal, revocó la sentencia anterior. En la práctica, la consecuencia fue que el artículo 154 recuperó vigencia y, con él, también volvió a quedar operativa la derogación de la Ley de Tierras.
La resolución encendió rápidamente las alarmas entre los bloques opositores y terminó reflotando una discusión que parecía haber quedado archivada: qué hacer con el DNU 70/23 en su totalidad.
La oposición pedirá una sesión especial
“Vamos a estar pidiendo una sesión especial para rechazar el DNU 70/2023”, anticipó Martínez durante el plenario.
No se trata de cualquier decreto. El DNU 70 fue una de las primeras grandes medidas adoptadas por Milei después de llegar a la Casa Rosada y modificó o derogó numerosas normas vinculadas con distintos sectores de la economía argentina. El artículo referido a las tierras rurales es apenas una pieza dentro de un texto mucho más extenso.
Por eso, la jugada opositora apunta mucho más lejos que la discusión que comenzó con el fallo de la Corte.
Si consigue reunir los votos necesarios en Diputados, buscará hacer caer el decreto completo.
La situación tiene además un antecedente clave: el Senado ya rechazó el DNU 70/23 en marzo de 2024. Desde entonces, el decreto consiguió sobrevivir porque la oposición nunca logró completar su rechazo en la Cámara de Diputados.
Ahora quiere volver a intentarlo.
Qué hará el Gobierno
Del otro lado, el oficialismo empezó a evaluar cómo desactivar la ofensiva antes de que consiga volumen político.
Una de las alternativas que comenzó a circular consiste en volver a establecer algún tipo de regulación sobre la compra de tierras rurales por parte de extranjeros sin sacrificar el resto del DNU. La posibilidad sería incorporar restricciones mínimas dentro del proyecto sobre inviolabilidad de la propiedad privada que ya tuvo tratamiento legislativo, aunque por el momento no existe una decisión definitiva.
La estrategia tiene una lógica política evidente: separar la discusión sobre las tierras del futuro del mega DNU.
El tema ya había generado problemas para el Gobierno. Una propuesta oficial para modificar el régimen de tierras encontró fuertes resistencias políticas y sociales durante su tratamiento legislativo y el oficialismo terminó retrocediendo en el Senado.
Ahora, el fallo de la Corte volvió a colocar la cuestión en el centro de la escena y le dio a la oposición una nueva oportunidad para intentar ir por el decreto completo.
La tensión quedó expuesta durante el plenario de comisiones.
Martínez calificó de “escandaloso” el fallo de la Corte y reclamó precisiones sobre el cronograma que tendrá el debate por el proyecto de soberanía enviado por el Ejecutivo. También cuestionó que los ministros no fueran quienes encabezaran el comienzo de la discusión.
Agustina Propato, también de Unión por la Patria, fue todavía más dura y calificó la iniciativa oficial sobre Malvinas como una “ley de entrega de la soberanía”.
La diputada reconoció, sin embargo, lo que consideró un “viraje” positivo de Milei respecto de la cuestión Malvinas, aunque inmediatamente vinculó el debate con la derogación de la Ley de Tierras y advirtió sobre las consecuencias que, según su posición, podría tener la eliminación de las restricciones para compradores extranjeros.
Desde La Libertad Avanza buscaron ordenar el debate. Carlos Zapata, presidente de la Comisión de Defensa Nacional, confirmó que durante la jornada serían escuchados los expositores convocados y adelantó que la próxima semana habrá dos nuevas reuniones informativas con invitados propuestos por los distintos bloques.
Pero para ese momento la oposición ya había dejado planteada otra batalla. Lo que comenzó como una controversia judicial por la Ley de Tierras amenaza ahora con convertirse en una discusión mucho más grande para la Casa Rosada.
Unión por la Patria quiere llevar nuevamente al recinto el DNU 70/23 y obligar a los bloques que hasta ahora permitieron su supervivencia a volver a posicionarse. El Gobierno, mientras tanto, busca una fórmula que le permita discutir límites sobre las tierras rurales sin poner en riesgo el resto del decreto.
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