El esquema de asignación incluye además partidas específicas para federaciones provinciales, programas de capacitación y el fortalecimiento de la Agencia Federal de Emergencias. Desde el Gobierno remarcan que los desembolsos estarán sujetos a controles administrativos y se ejecutarán de manera progresiva.
La prórroga que se prepara tiene como antecedente el régimen de emergencia declarado en 2022 y extendido durante 2023, que perdió vigencia a comienzos de este año. En el oficialismo aclaran que no descartan un debate legislativo de fondo, pero subrayan que la prioridad actual es garantizar capacidad de respuesta inmediata en las zonas afectadas.
Con este movimiento, el Ejecutivo busca equilibrar dos frentes: atender la urgencia que plantean los incendios y preservar margen de maniobra política en el Congreso. La decisión final sobre si el tema ingresará o no al temario de extraordinarias se definirá en los próximos días, en una mesa política clave para ordenar la agenda parlamentaria del Gobierno.
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