Incendios, DNU y recursos: Reclaman transparencia en la asistencia a las provincias
La oposición pidió detalles oficiales sobre el DNU por la emergencia ígnea. Exigen transparencia respecto de los fondos públicos a utilizar.
03 de febrero de 2026 - 13:50
La declaración de la emergencia ígnea en la Patagonia, dispuesta por el Poder Ejecutivo Nacional a través de decretos de necesidad y urgencia (DNU), abrió un nuevo frente de discusión política en el Congreso. Desde la oposición reclaman precisiones sobre cómo se ejecutará la medida, qué recursos se destinarán a las provincias afectadas y bajo qué criterios se distribuirá la asistencia estatal frente a los incendios forestales.
El planteo fue impulsado por la diputada Sabrina Selva, del bloque Unión por la Patria, quien presentó un pedido de informes para exigir detalles concretos sobre la implementación de la emergencia.
El objetivo central de la iniciativa es que el Gobierno nacional transparente el impacto real de los incendios y el uso de los fondospúblicos destinados a combatir la catástrofe.
DNU del Gobierno con poca información
Entre los puntos solicitados, Selva pidió conocer los estudios de impacto que se realizarán en cada una de las provincias alcanzadas por la emergencia. El requerimiento incluye datos sobre:
La cantidad de hectáreas quemadas,
La población afectada,
La infraestructura dañada
y el alcance del fuego sobre bosques nativos, áreas protegidas y zonas de reserva estricta.
El proyecto también exige información sobre los criterios que utilizará el Ejecutivo para asignar recursos a las provincias, los mecanismos de distribución de los fondos, las fuentes de financiamiento y el cronograma de desembolsos previsto. Además, se solicita que se detalle cuánto dinero será destinado a los organismos nacionales con competencia directa en el combate de incendios forestales.
Incendios, recursos y damnificados
Otro de los ejes centrales del pedido de informes apunta a la asistencia directa a los damnificados. En ese sentido, la diputada reclamó conocer cómo se distribuirán los recursos materiales entre personas, instituciones y gobiernos subnacionales afectados por los incendios, así como el monto que se asignará al Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil.
La iniciativa parlamentaria también pone el foco en la prevención y recuperación. Se consulta si el Gobierno prevé la asignación de fondos extraordinarios para evitar nuevos focos ígneos, qué acciones se contemplan para la restauración ambiental —especialmente en las áreas de Parques Nacionales— y cuál es la situación laboral de los brigadistas que combaten el fuego en condiciones extremas.
En relación al operativo, Selva solicitó que se informe el costo diario que afronta el Estado nacional por el alquiler de medios aéreos, y si está entre las prioridades del Ejecutivo la compra de aeronaves propias para el combate de incendios forestales, una demanda recurrente de especialistas y trabajadores del sector.
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La oposición pide transparencia
Desde la oposición cuestionaron con dureza la oportunidad y la forma en que se declaró la emergencia. Según Selva, la medida “llega tarde y de manera improvisada”, y sostuvo que la falta de decisiones preventivas permitió que se arrasaran miles de hectáreas. En sus fundamentos, advirtió que la respuesta del Gobierno no solo fue tardía, sino también marcada por la falta de planificación y transparencia.
La legisladora respaldó sus críticas con datos presupuestarios. Señaló que, de acuerdo a información oficial, en 2025 se subejecutaron más de 20.000 millones de pesos del presupuesto del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, mientras que en 2024 apenas se utilizó el 22% de los fondos asignados a ese organismo clave.
Además, vinculó la gravedad de los incendios con el impacto del cambio climático y cuestionó la política ambiental del Gobierno. “Desde la asunción del actual Ejecutivo se recortaron partidas y se eliminaron fondos específicos destinados al cuidado del ambiente”, sostuvo, en referencia a la gestión del presidente Javier Milei.
Finalmente, Selva advirtió que el uso de decretos para enfrentar la emergencia evita el debate parlamentario y abre interrogantes sobre el manejo de los recursos. “Es indispensable que la sociedad tenga acceso a información clara y detallada sobre cómo se están utilizando los fondos públicos en una situación tan crítica”, concluyó.
