En concreto, el proyecto modifica dos artículos clave del reglamento interno de Diputados —el 65 y el 123— para incorporar la obligación de justificar y cuantificar el impacto económico de cada iniciativa. Así, cualquier propuesta que no cumpla con esos requisitos no podrá ser girada a comisión.
La diputada tucumana, referente de la oposición dialoguista, sostiene que la reforma apunta a mejorar la calidad institucional y la responsabilidad fiscal del Congreso. “No se trata de frenar proyectos sociales ni de restringir derechos, sino de garantizar que cada medida tenga respaldo real y no sea solo una promesa escrita en papel”, argumentó.
El objetivo de fondo, según la autora, es devolverle seriedad al debate legislativo: “No podemos seguir legislando a ciegas. Cada ley tiene consecuencias en la vida de la gente y en las cuentas del país. Es hora de transparentar cuánto cuestan las decisiones políticas”.
El proyecto completo a continuación:
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