Para los investigadores, la empresa funcionó como una herramienta clave dentro de una maniobra destinada a desviar fondos públicos que debían financiar proyectos socio-productivos. Parte de ese dinero, sostienen, habría sido utilizado para actividades políticas, gastos corrientes de la organización y logística de movilizaciones.
La Fiscalía remarcó que la maniobra no puede analizarse de manera fragmentada ni atribuida a una sola persona. En su dictamen, advirtió que el presunto esquema incluyó distintas etapas y actores, y que la causa aún mantiene líneas abiertas para determinar responsabilidades adicionales.
Polo Obrero y Belliboni en la mira
El expediente por las empresas pantalla se desprende de una investigación de mayor alcance que ya derivó en la elevación a juicio oral de Belliboni y otros dirigentes del Polo Obrero. En noviembre pasado, la Cámara Federal porteña confirmó los procesamientos y agravó la calificación legal, al considerar que los hechos encuadran en delitos de administración fraudulenta, amenazas coactivas y extorsión.
Los camaristas señalaron que los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo habrían sido obligados a realizar aportes económicos y a participar de movilizaciones bajo la amenaza de perder el plan social. Para el tribunal, se trató de un esquema sistemático que aprovechó la situación de vulnerabilidad de miles de personas.
En paralelo, la Justicia profundizó la pesquisa sobre el entramado societario utilizado para sostener las rendiciones adulteradas. Además de Coxtex S.A., el expediente menciona otras firmas señaladas como emisoras de facturación apócrifa, entre ellas Ediciones e Impresiones Rumbos SRL, Urban Graphics, Ricoprint, Monfrini y Miniso Trade.
Entre 2020 y 2022, el Polo Obrero y la Cooperativa El Resplandor firmaron convenios con el Estado por más de 361 millones de pesos para administrar el programa. De acuerdo con la hipótesis judicial, una porción sustancial de esos recursos fue desviada mediante simulación de gastos, omisión de rendiciones y maniobras destinadas a dificultar el rastreo del dinero.
Con el fin del receso judicial, Casanello deberá resolver los pedidos de elevación a juicio pendientes y avanzar en la determinación de responsabilidades. El eje del proceso será establecer si las empresas pantalla fueron una pieza central de una estructura diseñada para apropiarse de fondos públicos destinados a los sectores más vulnerables, los mismos que el movimiento piquetero decía representar.
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