En los fundamentos de la iniciativa, Llano remarca que la educación superior pública es un servicio estratégico sostenido mayoritariamente con fondos estatales. Si bien reconoce la autonomía y la autarquía económico-financiera de las universidades, sostiene que estos principios deben convivir con las reglas republicanas de publicidad de los actos de gobierno, control ciudadano y acceso a la información.
En materia presupuestaria, la diputada propone que las universidades informen el presupuesto anual aprobado del ejercicio vigente y de los años anteriores, detallando crédito inicial, modificaciones presupuestarias, crédito vigente y estado de ejecución de gastos y recursos. La información deberá estar desagregada por programas, actividades y objeto del gasto.
El proyecto también obliga a transparentar transferencias, compras, contrataciones y convenios de colaboración firmados por las universidades, especificando contrapartes, montos y objetivos de cada acuerdo.
El trasfondo del debate por el financiamiento universitario
La iniciativa se inscribe en un contexto político atravesado por el debate en torno a la Ley de Financiamiento Universitario, que durante 2025 fue tratada en reiteradas oportunidades en el Congreso. La norma, elaborada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y promovida por bloques opositores, fue vetada en su totalidad por el presidente Javier Milei. Sin embargo, el Poder Legislativo insistió y rechazó el veto presidencial.
Entre otros puntos, la ley establece que la Auditoría General de la Nación (AGN) debe realizar auditorías periódicas sobre las universidades nacionales y remitir sus informes al Congreso, incluyendo observaciones y planes de seguimiento.
El rol de la Auditoría General de la Nación
La AGN cumple un rol clave en el control del sistema universitario desde dos dimensiones. Por un lado, a través de un convenio de cooperación con el CIN, orientado a la creación de un portal de información universitaria para fortalecer la transparencia de los datos institucionales. Por otro, mediante su facultad constitucional de auditar a las universidades nacionales, tal como lo establecen la Constitución Nacional, la Ley de Educación Superior y la Ley de Administración Financiera.
El artículo 85 de la Constitución señala que el control externo del sector público nacional es atribución del Poder Legislativo y se ejerce a partir de los dictámenes de la AGN.
Actualmente, el organismo es presidido por Juan Manuel Olmos, referente del peronismo, y cuenta con un directorio integrado por representantes de ambas cámaras del Congreso. En diciembre pasado, la Cámara de Diputados designó a Mónica Almada por La Libertad Avanza, Juan Ignacio Forlón por Unión por la Patria y Pamela Calletti por Innovación Federal. Resta aún que el Senado defina a sus representantes.
______________________________
Más noticias en Urgente24:
Salud militar en crisis y poder en disputa: La reunión privada entre Santiago Caputo y el ministro de Defensa
Otro sector, en alerta: Denuncian una crisis que pone en riesgo 1.500 empleos
Milei en Davos: Y dale con el "socialismo"...
