En ese contexto, la Casa Rosada evalúa disolver las Direcciones Nacionales de Inteligencia Criminal (DNIC) y de Inteligencia Militar (DNIM) para colocar sus equipos bajo una conducción unificada dentro de la SIDE. La decisión ya había generado tensiones con la anterior conducción del área de Seguridad, pero el oficialismo cree que podrá avanzar con acompañamiento político de la nueva ministra, Alejandra Monteoliva.
El Gobierno copia la estructura estadounidense
Los equipos técnicos del Ejecutivo se apoyan en reformas implementadas en Estados Unidos luego de 1947, año en que la Ley de Seguridad Nacional dio origen a la CIA y al Director de Inteligencia Nacional. Ese esquema, caracterizado por una conducción central fuerte, acceso extendido a información y coordinación entre agencias civiles y de seguridad, aparece como una referencia frecuente en las conversaciones internas.
“Necesitamos que todo el flujo informativo converja en un solo punto”, señalan colaboradores de Auguadra, en referencia a la intención de replicar un sistema con mayor verticalidad y capacidad de análisis integrado.
Más acceso a datos y ampliación de la comunidad de inteligencia
Otro de los cambios que impulsa la Casa Rosada es ampliar el universo de datos disponibles para la SIDE. El Gobierno ya dio un primer paso al modificar, vía decreto, las facultades de la Unidad de Información Financiera (UIF), que ahora puede compartir información sin restricciones vinculadas al secreto bancario, fiscal o profesional.
La intención es extender esa apertura hacia otros organismos, entre ellos aquellos que manejan información fiscal y aduanera bajo reserva legal. En Balcarce 50 consideran que este paso es clave para construir un sistema “moderno y competitivo” en materia de análisis.
Carrera profesional y nuevo estatuto
El Ejecutivo también quiere avanzar con un nuevo estatuto del personal de inteligencia, inspirado en los planes de carrera de las Fuerzas Armadas. La idea es establecer escalafones, sistemas de formación continua, mecanismos disciplinarios y una grilla salarial ordenada por funciones.
Hoy, aseguran fuentes oficiales, la estructura depende demasiado del criterio del jefe de turno y carece de herramientas para discutir evaluaciones o sanciones internas.
Tecnología: la deuda pendiente
La modernización tecnológica es otro capítulo central del plan. En la SIDE mencionan necesidades que van desde vigilancia electrónica y ciberinteligencia hasta sistemas de análisis masivo de datos, interoperabilidad de bases y equipamiento actualizado para interceptaciones.
El principal obstáculo: el presupuesto. El Gobierno recuerda que el intento de otorgar un refuerzo de $100.000 millones mediante decreto en 2024 fue frenado por el Congreso, lo que dejó en suspenso buena parte de las compras previstas.
La reforma que proyecta la Casa Rosada no solo exige respaldo político: también implica reordenar intereses internos, modificar dinámicas históricas y rediscutir el lugar que ocupan las fuerzas federales en el esquema actual. Con Auguadra recién llegado y un mapa de poder en recomposición, 2026 aparece como un año clave para definir si el plan de modernización de la SIDE se convierte en una política de Estado o queda, como tantas veces, en un borrador ambicioso que nunca llegó a concretarse.
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