Con ese criterio, el Servicio Penitenciario Federal comenzó a liquidar pagos tomando como referencia el salario mínimo. A partir de entonces, los internos que cumplían tareas podían percibir ingresos bajo parámetros cercanos al empleo formal.
Pagos por jornadas completas
La situación se profundizó tras otro fallo judicial que reconoció el derecho de un grupo de detenidas a cobrar jornadas completas aun cuando no trabajaran todas las horas disponibles. El argumento fue que debían percibir el salario mientras estuvieran a disposición del sistema.
Desde el actual Gobierno sostienen que esa interpretación distorsionó el sentido del trabajo penitenciario. Una fuente oficial explicó:
“A los que trabajaban tres horas porque no había más trabajo para hacer, estábamos obligados por la Justicia a pagarles las ocho horas completas”.
Qué busca cambiar el Gobierno
La administración nacional pretende redefinir el marco legal para diferenciar el trabajo carcelario del empleo privado. La idea es mantener una remuneración, pero desligarla de los beneficios laborales tradicionales.
Según explicaron al periodista Ignacio Ortelli especialistas en el área de Seguridad, el objetivo es sostener la función resocializadora sin equiparar la situación del detenido con la de un trabajador en libertad.
“Estamos trabajando en una nueva reglamentación para que el trabajo en las cárceles siga teniendo una contraprestación digna y cumpliendo con estándares internacionales, sin perder de vista que se trata de personas que están detenidas porque cometieron un delito”.
En ese marco, también se derogaron artículos de la Ley de Ejecución de la Pena que vinculaban directamente la actividad de los internos con la legislación laboral común.
El debate político
El tema divide opiniones desde hace años. Sectores vinculados a derechos humanos sostienen que el trabajo debe respetar estándares laborales básicos, mientras que el oficialismo considera que la equiparación generó privilegios y costos que desnaturalizan la finalidad penitenciaria.
Para la Casa Rosada, el nuevo esquema busca resolver un problema legal que se consolidó por decisiones judiciales previas. La intención es evitar nuevos reclamos por aguinaldo, vacaciones o indemnizaciones y establecer un régimen específico para el sistema penitenciario.
Si la reglamentación avanza, cambiaría de manera significativa el funcionamiento laboral dentro de las cárceles federales y abriría una nueva discusión jurídica sobre el alcance de los derechos laborales en contexto de encierro.
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