El círculo de Alberto Fernández cada vez más complicado
El fallo también alcanzó a Hugo Daniel Rodríguez, colaborador cercano del entonces presidente Alberto Fernández y empleado en la Quinta de Olivos. Rodríguez fue procesado como partícipe secundario por negociaciones incompatibles con la función pública y como autor por incumplimiento de los deberes de funcionario, con un embargo cercano a los 788 millones de pesos.
En su análisis, Casanello remarcó que las compañías imputadas toleraron conductas irregulares por parte de sus máximas autoridades, no denunciaron internamente los hechos investigados y tampoco devolvieron los beneficios económicos obtenidos a partir de los contratos cuestionados. Esa pasividad, sostuvo el juez, permitió la continuidad del esquema.
Uno de los focos centrales de la investigación está puesto en el grupo empresarial encabezado por Héctor Martínez Sosa, señalado por su estrecha relación personal con el expresidente y con su entonces secretaria privada. Para el juez, ese entramado configuró un conflicto de interés evidente, que se tradujo en la asignación de contratos a empresas privadas con intervención directa en seguros contratados por organismos estatales.
Corrupción en la era albertista
La resolución también describe patrones de riesgo elevados en otras firmas procesadas, como la reiterada contratación con organismos nacionales, provinciales y municipales, y la interacción constante con funcionarios con poder de decisión sobre las licitaciones y supervisión de los acuerdos.
En el caso de San Germán Seguros, TG Broker y San Ignacio, la Justicia consideró probado que el beneficio económico fue consecuencia directa de la intervención de personas físicas que, aprovechando vínculos y conflictos de interés, lograron su contratación tanto por la ANSES como por Nación Seguros.
Con esta decisión, el juez avanzó sobre las personas jurídicas que participaron del presunto entramado corrupto, luego de haber procesado el año pasado a funcionarios y particulares involucrados. La causa busca ahora determinar el alcance total del perjuicio económico y las responsabilidades penales de cada uno de los actores.
El expediente pone bajo la lupa un sistema de intermediación que, según la Justicia, permitió el cobro de comisiones extraordinarias a privados en operaciones con el Estado, reabriendo el debate sobre los controles, la transparencia y los vínculos entre el poder político y el sector empresarial.
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