Cabandié aseguró que tomará medidas en "la formulación, implementación y ejecución de la política ambiental y su desarrollo sostenible como política de Estado", respaldado por el artículo 41 de la Constitución Nacional, que consagra el derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para las actividades productivas.
"Se dispuso que las áreas correspondientes analicen una ley de presupuestos mínimos de evaluación de impacto ambiental de la actividad minera, que sirva como instrumento de gestión ambiental, otorgando un piso mínimo de protección y respetando el dominio originario de los recursos naturales", agregó un comunicado del Ministerio de Ambiente.
Es la primera vez que Juan Cabandié se refiere públicamente sobre la ley mendocina de Minería y el área que está bajo su gestión, tras ser nombrado por el presidente Alberto Fernández en el Gabinete nacional.
La reforma a la Ley 7.722 de minería generó una multitudinaria movilización, que se originó en San Carlos, en el valle vitivinícola de Uco, y se dirigió a la Casa de Gobierno de Mendoza, durante la cual hubo incidentes que dejaron más de 40 detenidos y 16 policías heridos.
A pesar de las protestas, el gobierno provincial promulgó las modificaciones aprobadas en la Legislatura el viernes pasado. La controversia surgió porque la nueva normativa habilita el uso de cianuro y ácido sulfúrico, elementos que la Ley 7.722 anteriormente prohibía.
Dos días antes de aprobarse de la misma, el propio Alberto Fernández manifestaba en un almuerzo de fin de año con ejecutivos de la Asociación Empresaria Argentina (AEA): "en Mendoza logramos que salga una ley para que se involucre en la explotación minera".