La pena prevista inicialmente sería de dos a seis años de prisión para quien realice este tipo de préstamos de manera habitual, con fines de lucro y aprovechándose de la vulnerabilidad socioeconómica de las víctimas.
Sin embargo, la condena podría aumentar hasta un máximo de ocho años en los casos más graves.
Entre los agravantes aparecen las amenazas o intimidaciones para cobrar una deuda, la presión ejercida sobre el deudor dentro de su propia comunidad, la apropiación de bienes en condiciones abusivas y la existencia de organizaciones dedicadas a este tipo de préstamos o de múltiples damnificados.
Cuándo un préstamo sería considerado abusivo
Uno de los puntos centrales de la iniciativa es establecer parámetros para diferenciar un préstamo informal de una operación que directamente se aprovecha de la situación económica de una persona.
El texto considera especialmente vulnerables a quienes se encuentran excluidos del sistema financiero tradicional por no contar con ingresos formales, garantías suficientes, historial crediticio o posibilidades habituales de acceder a préstamos institucionales.
Es justamente esa falta de alternativas la que, según los autores del proyecto, empuja a muchas familias a recurrir a prestamistas informales para afrontar gastos cotidianos, emergencias o necesidades urgentes.
La iniciativa también incorpora un criterio para determinar cuándo las condiciones económicas exigidas son manifiestamente desproporcionadas.
El parámetro sería que el monto total reclamado al deudor supere en más de tres veces la tasa activa promedio que publica el Banco Central para créditos personales no bancarios.
De todos modos, ese límite no sería el único elemento que podrían analizar los jueces: también quedarían bajo evaluación otros intereses, recargos, penalidades o costos agregados al préstamo.
Deber el dinero no habilitaría los abusos
El proyecto introduce además una diferencia importante entre la deuda original y las condiciones abusivas impuestas posteriormente.
En caso de comprobarse el delito, la persona que recibió el préstamo continuaría obligada a devolver el capital que efectivamente recibió, pero los intereses, recargos y penalidades considerados abusivos perderían efecto jurídico.
La intención es evitar que la víctima quede atrapada entre dos extremos: que la existencia de una deuda justifique cualquier mecanismo de cobro o, por el contrario, que la sanción al prestamista elimine la obligación de devolver el dinero originalmente prestado.
Además, las investigaciones podrían iniciarse de oficio, sin depender exclusivamente de una denuncia de la víctima.
Este punto cobra relevancia porque los autores de la iniciativa advierten que en muchos casos existe temor a denunciar por las posibles consecuencias dentro del propio barrio.
Por ese motivo, el proyecto ordena implementar mecanismos para proteger la identidad y la seguridad tanto de las víctimas como de los denunciantes y sus familiares ante eventuales represalias.
El poder del prestamista dentro de los barrios
El proyecto de Molina pone especial atención en un elemento que considera determinante para entender este tipo de prácticas: la relación de poder que puede existir entre quien presta y quien necesita desesperadamente el dinero.
Los fundamentos señalan que algunos prestamistas no solamente cuentan con recursos económicos, sino también con reconocimiento, contactos o capacidad de influencia dentro de determinadas comunidades.
La iniciativa denomina esa situación como una posición de “ascendencia o condicionamiento comunitario”: la posibilidad de influir sobre la libertad de decisión de una persona debido al lugar que el prestamista ocupa dentro de un territorio.
Para Molina, la combinación entre necesidad económica, exclusión bancaria y poder territorial puede terminar generando una relación en la que la víctima queda condicionada no solamente por la deuda, sino también por el miedo y la presión de su propio entorno.
El problema comienza, según sostiene el legislador, mucho antes de que aparezca el prestamista. Una persona sin recibo de sueldo, ingresos registrados, garantías o antecedentes dentro del sistema financiero puede tener serias dificultades para conseguir un crédito tradicional. Ante una urgencia económica, el circuito informal termina convirtiéndose muchas veces en la única alternativa disponible.
No solamente castigo: también acceso al crédito
Por eso, el proyecto no se limita a incorporar penas de prisión. La iniciativa también habilita al Poder Ejecutivo a impulsar programas de microcréditos, financiamiento de pequeña escala y educación financiera destinados especialmente a personas excluidas del circuito bancario tradicional.
La lógica detrás de esta propuesta es atacar las dos caras del problema: perseguir penalmente a quienes explotan la necesidad económica, pero al mismo tiempo reducir el universo de personas obligadas a recurrir a ellos. El proyecto ya ingresó a la Cámara de Diputados y fue girado a las comisiones de Legislación Penal y Presupuesto y Hacienda.
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