Entre anuncios y desiertos productivos: Qué pasa con Lácteos Verónica
Más de 700 trabajadores afectados
La situación de los empleados fue uno de los principales frentes del conflicto. Lácteos Verónica llegó a tener más de 700 trabajadores directos, pero los atrasos salariales se acumularon durante meses y llevaron a muchos empleados a buscar otras fuentes de ingresos o directamente abandonar sus puestos.
El conflicto tuvo distintas etapas de negociación y protesta. Hubo movilizaciones, reclamos frente a las plantas y cortes de ruta, mientras los trabajadores reclamaban el pago de los salarios y una definición sobre el futuro de la empresa. La situación también llegó a la Legislatura de Santa Fe, donde se reclamó la intervención de las autoridades frente al impacto que la paralización tenía sobre las localidades donde están radicadas las plantas.
Durante 2025, además, la empresa intentó avanzar con un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) que contemplaba una reducción de personal de alrededor de 200 trabajadores. La iniciativa fue discutida con el gremio Atilra y no consiguió destrabar el conflicto.
En otro momento, la compañía también había planteado modificaciones de jornada en las plantas de Lehmann y Clason.
El problema laboral se fue convirtiendo así en una consecuencia directa de la falta de actividad. Sin producción suficiente, la empresa perdió capacidad para generar los recursos necesarios para pagar salarios y sostener la compra de leche y de insumos.
Pedidos de quiebra
Los acreedores comenzaron a avanzar judicialmente. La presentación más reciente vino del Banco Galicia quien también le pidió la quiebra a Verónica, en un contexto en el que la entidad aparece entre sus principales acreedores. Según los últimos datos del Banco Central, correspondientes a junio, la empresa registra con Galicia una deuda de $1.376,7 millones, calificada en Situación 3, es decir, con problemas.
El sistema financiero muestra además otros pasivos relevantes. Verónica registra alrededor de $4.745 millones de deuda bancaria entre distintas entidades y compañías de crédito. A Galicia se suman Banco Nación, con unos $1.327 millones; Credibel, con $1.115 millones; Catalinas Cooperativa de Crédito, con $708 millones y Banco Macro, con unos $208 millones, además de Santander, Banco Provincia, Banco Ciudad y Banco Industrial.
Pero el dato que permite dimensionar el deterioro de la cadena de pagos es otro: la compañía acumula más de 2.900 cheques rechazados por más de $11.200 millones.
En paralelo, se multiplicaron los expedientes judiciales. Hay pedidos de quiebra iniciados por Establecimientos Los Cerros y Munay, Agropecuaria El Timbó, Criolani Agropecuaria, Dices Argentina y Libertador Factoring, entre otros proveedores. También avanzan ejecuciones iniciadas por empresas como Libres Seguridad, Trading Internacional, Soluciones Randstad y Fremar, además de procesos vinculados con Hypred Argentina.
La presión judicial ya había obligado a la compañía a resolver reclamos puntuales. En marzo, por ejemplo, canceló una deuda de $23,2 millones en sede judicial y consiguió frenar un pedido de quiebra. Pero ese pago no modificó el cuadro general: los cheques rechazados siguieron acumulándose, las deudas bancarias se deterioraron y nuevos acreedores llegaron a los tribunales.
Denuncias de vaciamiento
Sumado a ello, la situación financiera de Verónica quedó además atravesada por denuncias de presunto vaciamiento que comenzaron a tomar fuerza durante 2025 y volvieron a aparecer este año. Trabajadores y dirigentes políticos cuestionaron que la crisis de la láctea pudiera explicarse solamente por las dificultades del sector y pusieron el foco en movimientos dentro del propio grupo familiar.
Uno de los puntos centrales es Las Becerras S.A., una empresa vinculada a la familia Espiñeira que durante años funcionó como tambo y proveedora de materia prima de Verónica. Según las denuncias difundidas por trabajadores y legisladores, Las Becerras dejó de abastecer a la láctea y comenzó a vender leche a otras empresas, mientras Verónica quedaba sin materia prima para producir. Esa situación fue señalada públicamente como una posible maniobra de vaciamiento.
El otro elemento que encendió las alertas fue la creación, en septiembre de 2025, de tres nuevas sociedades vinculadas a integrantes de la familia Espiñeira: Kawsay S.A., Agro Prada S.A. y Grandal Agropecuaria S.A., con objetos relacionados con actividades agropecuarias, tambo y comercialización. En registros societarios aparecen Mariel Espiñeira, Alejandro Espiñeira y María del Carmen Espiñeira Dianti, respectivamente, vinculados a esas compañías.
En junio de 2025, cuando la crisis comenzaba a adquirir otra dimensión, trabajadores y legisladores habían puesto bajo la lupa a Las Becerras, por su relación con la familia controlante y por presuntas transferencias de campos y maquinaria. También se habían planteado dudas sobre la separación de activos dentro del grupo.
A partir de ahora será la Justicia Comercial la encargada de auditar la situación de Lácteos Verónica, determinar el alcance de sus obligaciones y ordenar la relación con sus acreedores A partir de ahora será la Justicia Comercial la encargada de auditar la situación de Lácteos Verónica, determinar el alcance de sus obligaciones y ordenar la relación con sus acreedores
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