“En el caso de Andes, luego de que el gobierno de Chubut incumpliera su promesa de saldar una deuda de 280 millones de pesos decidió suspender sus vuelos a todo el país hasta el próximo lunes. Además la empresa adeuda varios meses de salarios. En el marco de la profunda crisis que atraviesa y la redefinición de su plan de negocios, Andes devolvió cuatro Boeing B737-700 que había alquilado y se encuentra operando con una estructura mínima”, informaron desde APLA.
Y sobre Avian, explicaron que “ya pidió concurso preventivo y también adeuda sueldos a su personal. Además se encuentra en curso un conflicto por dos aviones matriculados en Argentina que también son reclamados por la casa matriz colombiana. Más allá del discurso oficial respecto de la “revolución de los aviones”, el Estado argentino no puso en marcha ningún plan de auxilio para las dos aerolíneas en crisis”.
Sobre Andes, esta semana anunció la suspensión de las operaciones “tras no abonar los sueldos desde junio”, explicó la entidad sindical.
También denunciaron la falta de respuesta del gobierno para atender la situación de las familias de los empleados que no cobran sus salarios: “Pese a estar en juego las fuentes laborales, el gobierno nacional ha decidido no hacer nada para soluciones la situación de cientos de familias argentinas”.
El conflicto con los pilotos es otro de los tantos frentes que Alberto Fernández deberá atender dentro de poco más de un mes cuando asuma la Presidencia de la Nación.
También deberá tomar una decisión sobre la situación financiera de Aerolíneas Argentinas que en 2018 recibió subsidios por casi 200 millones de dólares y en 2019 demandaría US$ 300 millones o más, según el impacto final de la devaluación.
Según los gremios aeronáuticos, en 2020 Aerolíneas necesitará para funcionar unos US$ 800 millones.
En octubre pasado, luego de varias semanas de conflicto y tras un paro anunciado para el fin de semana largo que finalmente fue levantado, la empresa Aerolíneas Argentinas y la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) alcanzaron un principio de acuerdo por el reclamo de una diferencia salarial de entre un 20 y 30 por ciento que surge de los porcentajes de aumentos otorgados y el índice acumulado de inflación, que estimaron en alrededor del 53 por ciento.
