En esa línea, cuestionó que el Gobierno exija fuentes de financiamiento para algunas iniciativas, pero no aplique el mismo estándar a los proyectos que impulsa desde el Ejecutivo.
El Gobierno mide los costos con la misma vara
El eje del reclamo apunta al artículo del proyecto que establece que los gastos derivados de la reforma se atenderán con recursos previstos en los presupuestos de cada ejercicio, aunque habilita al Jefe de Gabinete a reasignar partidas en el año de entrada en vigencia. Para la oposición, esa redacción deja abierta la incógnita sobre el verdadero impacto fiscal y las prioridades del Gobierno.
El planteo cobra relevancia porque el dictamen que el oficialismo logró firmar en mayo de 2025 —con apoyo de bloques dialoguistas como el PRO, la UCR, Encuentro Federal, la Coalición Cívica y otros— mantuvo intacto ese esquema de financiamiento, a pesar de haber modificado puntos centrales del texto original. Entre esos cambios, se estableció que la edad de imputabilidad baje de 16 a 14 años, y no a 13 como proponía inicialmente el Ejecutivo.
Ese dictamen también introdujo un sistema de sanciones escalonadas, con penas máximas de hasta 15 años y alternativas a la prisión para delitos menores, como servicios comunitarios, amonestaciones y mecanismos de reparación del daño a las víctimas.
Sin embargo, desde el oficialismo anticipan que el objetivo para este año es avanzar con un texto más cercano al proyecto original enviado por el Gobierno nacional en julio de 2024, que proponía fijar la edad de imputabilidad en 13 años. Una fuente parlamentaria confirmó que buscarán reordenar el dictamen en esa dirección durante las extraordinarias.
La preocupación por el financiamiento no es aislada. Ferraro vinculó su reclamo con antecedentes recientes, como la falta de ejecución presupuestaria de leyes aprobadas por el Congreso en materia universitaria, discapacidad y salud, que fueron vetadas o demoradas en su implementación. En ese marco, advirtió que discutir reformas estructurales sin un respaldo presupuestario claro “vacía de contenido” el debate legislativo.
Con el inicio de las extraordinarias previsto para el lunes 2 de febrero, la baja de la edad de imputabilidad se perfila como uno de los temas más sensibles de la agenda. Antes de entrar en la discusión de fondo, la oposición busca instalar una pregunta clave: cuánto cuesta la reforma y quién se hará cargo de financiarla.
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