El proyecto que impulsa el oficialismo ya tuvo avances durante el último período legislativo. En la Cámara de Diputados, un plenario de comisiones logró dictamen luego de analizar más de una docena de iniciativas presentadas por distintos bloques. El texto consensuado establecía reducir la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, con un sistema de sanciones diferenciadas y un enfoque que combina penas y medidas socioeducativas.
Debate intenso en el Congreso
Entre los puntos centrales del dictamen se incluyó un esquema de sanciones escalonadas, que prioriza herramientas de reinserción como servicios comunitarios, programas educativos, acompañamiento psicológico y reparación del daño.
La privación de la libertad quedaría reservada únicamente para delitos graves, con un tope máximo de 15 años de condena.
Además, el proyecto contemplaba mecanismos como la mediación penal juvenil y la suspensión del juicio a prueba en casos de menor gravedad, siempre con el consentimiento de las partes involucradas. En caso de detención, se establecía que los menores sean alojados en espacios diferenciados según edad y situación procesal.
Pese al amplio respaldo logrado en comisiones —que incluyó a legisladores del PRO, la UCR, la Coalición Cívica y bloques provinciales—, la iniciativa perdió estado parlamentario al cierre del período 2025. Sin embargo, el consenso alcanzado es considerado por el oficialismo como una base sólida para retomar el debate.
La discusión, no obstante, vuelve a encontrar resistencias. Desde Unión por la Patria sostienen que la edad de imputabilidad no debe modificarse, mientras que el Frente de Izquierda rechaza de plano cualquier reforma en ese sentido.
Con la convocatoria a sesiones extraordinarias, el Gobierno busca ahora reactivar el tratamiento legislativo y avanzar con una de las reformas más controvertidas de su agenda en materia de seguridad y justicia.
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