"La tendencia y el debate están alrededor de los 12 y los 13, más allá de los 13 y 14", afirmó, al justificar la necesidad de avanzar con una reforma más profunda del sistema penal juvenil.
El objetivo del Gobierno con la reforma
Monteoliva remarcó que el objetivo de la iniciativa no es criminalizar a los menores, sino dotar al Estado de herramientas legales para intervenir de manera más efectiva frente a delitos graves cometidos por adolescentes.
Según indicó, la nueva Ley Penal Juvenil busca combinar sanciones proporcionales con instancias de contención y reinserción social.
El proyecto impulsado por el Ejecutivo ya generó fuertes cruces con sectores de la oposición, organismos de derechos humanos y especialistas en niñez, que advierten sobre los riesgos de reducir la edad de imputabilidad sin fortalecer previamente las políticas de prevención y protección social.
Pese a las críticas, desde el Gobierno insisten en que la reforma es necesaria para dar respuesta a una demanda social creciente vinculada a la inseguridad y sostienen que el debate parlamentario será clave para definir el alcance final de la iniciativa Pese a las críticas, desde el Gobierno insisten en que la reforma es necesaria para dar respuesta a una demanda social creciente vinculada a la inseguridad y sostienen que el debate parlamentario será clave para definir el alcance final de la iniciativa
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