"Estas imprecisiones hacen extremadamente dificultoso (cuando no imposible) satisfacer la manda judicial y a la vez mantener las ventajas económicas que las normas establecieron", agrega.
En otro párrafo, señala que para "esclarecer estas cuestiones consideramos indispensable la participación de las Provicias y la mediación" de la Corte, por lo que se solicita la audiencia pública.
El Gobierno afirma que el pedido "se funda en la necesidad de conciliar con las Provincias la forma en que se dará cumplimiento a la medida dispuesta".
Luego defiende la medida al sostener que el "actual contexto social y económico" autoriza al Ejecutivo al ejercicio "de facultades en forma más enérgica que la que admiten los períodos de sosiego y normalidad".
Fallo político, dice el Gobierno
“Es un fallo que tiene un contenido político y se dictó pocos días antes de las elecciones de octubre en las que se tiene que elegir presidente”, se quejó el ministro de Justicia, Germán Garavano, en declaraciones radiales.
El funcionario nacional aseguró que “va a mantenerse este descuento” pese a la disposición del máximo tribunal de Justicia que obligó a la Casa Rosada a compensar a las provincias afectadas por la reducción de los fondos coparticipables.
“Hernán Lacunza y su equipo están trabajando en distintas alternativas para ver cómo ir ajustando esto y que tenga el menor impacto posible”, explicó.
Dudas sobre su cumplimiento, dice un gobernador
"Sabemos que el gobierno nacional ha incumplido otros fallos de la Corte. Por ejemplo el del pago de la deuda a Santa Fe, que lleva casi 4 años dando vuelta en los pasillos de los funcionarios sin una solución definitiva. Espero que en este caso, estando involucradas las provincias y habiendo un fallo que impone urgencia, porque tiene que ver con una medida cautelar, sea aplicado de inmediato", dijo el gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz.
