Prohibición de tasas municipales “sin causa”
Uno de los aspectos más relevantes del proyecto es la prohibición explícita de tasas que no tengan relación directa con una prestación estatal.
En ese sentido, la iniciativa apunta contra aquellas tasas que, en la práctica, funcionan como impuestos encubiertos con fines meramente recaudatorios, sin un servicio identificable detrás.
Impacto sobre el derecho de propiedad
El texto también advierte que el cobro de tasas sin cumplir estos requisitos puede implicar una violación del derecho de propiedad, protegido por la Constitución Nacional.
Incluso, señala que podrían considerarse confiscatorias cuando absorben una parte significativa de los ingresos o del capital del contribuyente sin una justificación válida.
Quién debe probar el servicio
Otro cambio clave es que la carga de la prueba recaerá sobre los municipios.
Es decir, serán las autoridades locales quienes deberán demostrar que el servicio existe, que se presta de manera efectiva y que el monto cobrado es razonable en relación con su costo.
El proyecto establece que las tasas que no cumplan con estos requisitos podrán ser declaradas nulas.
Además, abre la puerta a que los contribuyentes reclamen la devolución del dinero pagado indebidamente e incluso soliciten indemnizaciones.
El respaldo en la Justicia
En sus fundamentos, la iniciativa se apoya en fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en reiteradas oportunidades sostuvo que las tasas municipales solo son válidas cuando existe una prestación concreta, efectiva e individualizada.
También se citan decisiones de tribunales provinciales que van en la misma línea, reforzando la idea de que no puede cobrarse una tasa sin un servicio real asociado.
Federalismo y límites
El proyecto reconoce la autonomía de provincias y municipios, pero aclara que esa autonomía no es absoluta.
En ese marco, sostiene que el Congreso tiene la responsabilidad de garantizar el respeto a la Constitución Nacional y evitar que se vulneren derechos básicos como el de propiedad a través de tributos indebidos.
De ser aprobado, el régimen se aplicaría en todo el país y regiría para todos los cobros posteriores a su entrada en vigencia. Además, invita a las provincias y municipios a adherir y adaptar sus normativas para alinearse con estos principios.
El proyecto completo a continuación:
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