Pero en su declaración jurada, en estudios cursados, Calchaquí aseguró que poseía, “Bachiller- ciclo básico; secundario Perito Mercantil”, declaró en ese otro documento al acceder a la administración pública fueguina.
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“ Falsificó o utilizó documentos falsos en su calidad de empleada pública con el objeto de percibir en sus haberes, de forma ilícita, el ítem correspondiente al título secundario”, indicó en su momento la acusación fiscal.
Según acota la agencia DYN, el juez provincial Héctor Ochoa dispuso su procesamiento y embargo de bienes por 15.000 pesos por encontrarla prima facie culpable del delito de “defraudación al Estado”.
El dinero cobrado y acumulado durante estos 17 años por el plus del título rondaría una cifra cercana a los $100.000 (sin actualización ni intereses), que Calchaquí debería reintegrar al Estado si se comprueba el desfalco, admitió el propio juez.
Ahora depende del Fiscal que la causa llegue o no a juicio oral, aunque se trata de un “delito excarcelable” y que podría resolverse con una probation.