Jaime guardo la documentación en un bolsillo, lo que fue advertido por un policía y entonces debió entregar el tarjetero.
No obstante, con posterioridad, en la causa "desaparecieron" 20 tarjetas personales color negro de la firma Cerro Motors, en las que figuraba el exfuncionario como "Director ejecutivo".
Después de que entregara esas tarjetas al policía que lo sorprendió, las mismas fueron sustraídas. El faltante lo detecto en Buenos Aires una contadora designada por el juzgado federal para colaborar en el allanamiento, cuando al abrir la documentación incautada advirtió que faltaban esas tarjetas.
Dádivas. La Cámara Federal confirmó en febrero que Ricardo Jaime debe ir a juicio oral y público como acusado por recibir dádivas por parte de empresarios del sector, luego de rechazar nulidades planteadas por el ex secretario de Transporte.
Se trata de una causa en la que Jaime está acusado de recibir dádivas por parte de empresarios que le abonaban el alquiler de departamentos, uno ubicado en la calle Cerrito 1518 piso 8° departamento "A" (de 2003 a 2007), y otro en avenida Del Libertador 654 piso 12°, desde 2007 a la actualidad).
Los inmuebles eran pagados por la firma TEBA S.A, concesionaria de la terminal de ómnibus de Retiro y cuyo dueño Néstor Otero también va a juicio oral y público.
Once. La Cámara Federal de Casación Penal rechazó la semana pasada los planteos de las defensas y confirmó la resolución que envió a juicio oral y público al exsecretario de Transporte y al titular de TBA Claudio Cirigliano, junto a otros 10 acusados por el choque en la terminal de la línea Sarmiento que provocó 51 muertos y centenares de heridos. La Cámara debe responder a los recursos interpuestos por el sucesor de Jaime, Juan Pablo Schiavi, y el maquinista Marcos Córdoba.
Entre los recursos que rechazó la Sala III de la Cámara figuran los presentados por las defensas de Jaime y de Cirigliano. La resolución, fundada en la falta de una sentencia definitiva, era aguardada por el Tribunal Oral Federal Dos (TOF 2), para fijar fecha de inicio del debate por los presuntos delitos de descarrilamiento culposo y defraudación a la administración pública nacional.
