"Hay que terminar con el negocio de las cautelares eternas de los grandes estudios y de los grupos económicos", se quejó.
En tanto, el secretario de Justicia, Julián Álvarez, cargó tintas sobre Clarín: "La causa Clarín es muy interesante como caso de laboratorio, materia de estudio".
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"Tenemos un proyecto amplio, que le pone luz a los procedimientos opacos pero que no cercena derechos", añadió.
El proyecto que ya cuenta con dictamen establece que las cautelares no podrán tener una vigencia superior a seis meses en el proceso ordinario, ni de tres meses en el proceso sumarísimo o de amparo, y se podrán extender por seis meses, siempre que ello resultare procesalmente indispensable.
También dispone que un juez solo podrá dictar una medida cautelar cuando es competente en la causa, y sólo podrá tener validez si dicta esa medida -aunque no le corresponda- si se encuentra comprometida la vida, la salud o el derecho de alimentar.
Los dirigentes políticos de todo el arco opositor, intelectuales, empresarios, líderes sociales, dirigentes sindicales y organizaciones no gubernamentales, firmaron una “Declaración de Rechazo” al intento de control de la Justicia por parte del Gobierno Nacional.
A su vez se anunciaron, que durante el fin de semana saldrán a juntar firmas de adhesión, y el día martes 16/04, a las 12:00, se reunirán en las escalinatas del Palacio de Tribunales, para no permitir el nuevo atropello.
La Declaración:
Ciudadanas y ciudadanos, dirigentes políticos de todo el arco opositor, intelectuales, empresarios, líderes sociales, dirigentes sindicales y organizaciones no gubernamentales, firmamos esta Declaración de Rechazo al intento de control de la Justicia por parte del Gobierno Nacional.
Detrás del título meramente retórico de “democratizar la justicia” se esconde un intento de suprimir la independencia de los jueces, modificando el régimen republicano que establece la Constitución, en perjuicio de las libertades y derechos de todos los ciudadanos argentinos.
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Cuando la Presidenta decía: “Vamos por todo”, no mentía. Le toca ahora el turno al último resguardo de los derechos y garantías; la justicia.
Los cambios propuestos en el Consejo de la Magistratura transforman a este organismo en dependiente de mayorías circunstanciales, y persiguen la finalidad de que el gobierno pueda designar y remover a los jueces que desee, además de quitarle los recursos a la Corte Suprema de Justicia para controlarlos por otra vía.
Respecto de las cautelares, los ciudadanos quedan indefensos frente a los abusos de poder del Estado. Ello soslaya la asimetría de poder entre administración y administrado.
Con relación a las Cámaras de Casación se agrega una instancia jurídica más alargando los procesos en perjuicio de los ciudadanos. El ejemplo más palpable se da en los juicios de los jubilados que ya sufren por años la injusticia de demorar sus reclamos.
Al mismo tiempo, resulta paradójico que el oficialismo hable de “democratización de la Justicia” y apruebe los proyectos sin debate democrático en el Congreso.
Es que esta reforma no es para que haya una Justicia mejor, rápida y cercana a la gente, sino para ocuparla con jueces adeptos al Gobierno y preparar el terreno para la impunidad.
Es hora de actuar todos juntos con grandeza y generosidad, ya que se encuentra en juego la República y la Constitución. Cuando no hay justicia independiente no hay Constitución, no hay libertad ni hay derechos para los ciudadanos. No permitamos este atropello.
